La juez de Barcelona cede el ‘caso Pujol’ a la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional (AN) ha asumido toda la investigación del caso Pujol. La juez de Barcelona que, hasta ahora, indagaba la fortuna oculta por la familia en Andorra ha decidido inhibirse en favor del magistrado de la Audiencia José de la Mata. La juez razona que los hechos investigados en ambos procedimientos “guardan una estrecha relación entre sí” y admite que el suyo había llegado a un “punto muerto” por la falta de colaboración de la justicia andorrana.

La decisión implica que los miembros de la familia imputados por la juez de Barcelona pasan a estarlo ahora en la Audiencia Nacional: el expresidente Jordi Pujol; su mujer, Marta Ferrusola, y cuatro de sus hijos (Jordi, Pere, Mireia y Marta). Esta investigación comenzó en julio de 2014, cuando el expresidente de la Generalitat confesó que su familia había mantenido una fortuna en el extranjero y oculta al fisco durante más de tres décadas.

La familia defiende que el dinero procede de una herencia que el abuelo Florenci legó a su nuera y a sus siete nietos. La juez barcelonesa receló desde el inicio de esa tesis. Sobre todo, porque ninguno de los imputados “ha facilitado datos concretos, objetivos e inequívocos” del legado. La “falta de información”, agrega el auto de inhibición, “hace sospechar la existencia” de delitos de fraude fiscal y blanqueo”. Gran parte del dinero se ingresó “durante la vida política activa de Pujol Soley”, lo que “lleva a pensar que la ocultación obedecía al propósito de encubrir el origen delictivo del dinero”.

La instrucción de Barcelona, sin embargo, no ha podido ir más allá de las sospechas y la propia juez asume que había “llegado a una vía muerta”. La culpa de todo ello la tiene, dice, la falta de colaboración de Andorra. “Pese al tiempo transcurrido” desde que se solicitó la comisión rogatoria (diciembre de 2014) “y los diversos recordatorios” dirigidos a Andorra, “no se ha logrado siquiera obtener una negativa”.

Andorra sí colaboró, en cambio, con De la Mata, que pidió el historial bancario de Jordi Pujol Ferrusola y su mujer, Mercè Gironès. La Audiencia Nacional investiga al matrimonio desde finales de 2012. Pero la comisión rogatoria, enviada el pasado verano, ha sido clave para extender la causa al resto del clan. Los papeles prueban, según los investigadores, que el expresidente de la Generalitat era propietario “en la sombra” —son palabras de la juez de Barcelona— de una de las cuentas andorranas.

El 26 de octubre, el juez ordenó registros en las viviendas y despachos del hijo mayor y de sus hermanos Josep y Pere. La Fiscalía Anticorrupción pidió que se acumulara el procedimiento de Barcelona en la Audiencia Nacional y la juez ha accedido a ello. “No es posible separar”, razona, los fondos de Andorra de los que obtuvo Jordi Pujol Ferrusola con sus “dudosas actividades económicas”. La Audiencia ha acreditado que diversos empresarios pagaron un total de 11,5 millones a Júnior por supuestas asesorías que no han sido acreditadas.

“Aun admitiendo la improbable realidad del legado”, añade la juez, persisten las dudas. Sobre todo porque, según la tesis de la familia, el importe inicial ascendía al equivalente en pesetas de 841.000 euros y, años después, los hermanos se repartieron “hasta un millón cada uno”. La juez concluye que mantener una instrucción paralela con pruebas “similares, si no idénticas” solo “supondría un desgaste de medios y un riesgo de obtener conclusiones contradictorias”.

El pequeño de los hermanos, Oleguer, está imputado en el juzgado central de instrucción número 1 de la Audiencia (también por blanqueo) por sus operaciones inmobiliarias con Drago. Aún debe decidirse si el caso también pasa a manos de De la Mata.