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El Constitucional levanta la suspensión sobre la tasa del cine

La Generalitat prevé recaudar 20 millones anuales a las operadoras de Internet

Una sala de cine en Barcelona, lleno de público.
Una sala de cine en Barcelona, lleno de público.

El Tribunal Constitucional levantó ayer la suspensión de la llamada tasa del cine catalán, una medida, que entró en vigor el enero de este año aprobada por el gobierno de la Generalitat para recaudar fondos para financiar el sector audiovisual en esta comunidad. La tasa, que entró en vigor el pasado mes de enero había sido recurrida por el gobierno central el pasado mes de junio, tras haberse recaudado unos ocho millones de euros.

Buenas noticias pues para el gobierno de Artur Mas y en concreto para el consejero de Cultura Ferran Mascarell. Horas después de presentar las medidas de su Departamento para financiar el sector audiovisual, tan castigado por la coyuntura económica, el Constitucional acordó levantar la suspensión de los preceptos impugnados por el gobierno central contra el impuesto sobre provisión de contenidos de parte de las operadoras electrónicas. Una medida, que según cálculos de la Generalitat permitirá recaudar unos 20 millones de euros anuales, a razón de 0,25 céntimos por cada conexión a datos que hagan estas operadoras en territorio catalán, que se destinarán por completo al fondo para el fomento de la industria audiovisual y de la difusión de la cultura digital.

El acuerdo del Constitucional, sin prejuzgar sobre la controversia de fondo, se basa en dos criterios: En primer lugar, en relación con el perjuicio de los intereses privados, ya que el número limitado de operadores —16 según el cálculo del alto tribunal— afectados por el impuesto, en el hipotético caso que se considere que se da una doble imposición, hace posible la identificación de los afectados y la devolución de las cantidades recaudadas. En segundo lugar, el Constitucional entiende que la incidencia del impuesto es escasa en el enorme volumen de negocio de estas empresas; 6.425 millones de euros en 2013.

Por tanto, antes de que expiren los cinco meses previsto por la Constitución, el tribunal admite todos los argumentos que expuso la Generalitat, y a pesar de los argumentos en contra que esgrimió el Estado, acuerda levantar la suspensión.

“Estoy satisfecho por el levantamiento de la suspensión de la aplicación del impuesto, ya que todos los argumentos del Constitucional ratifican el argumentario legal de la Generalitat”, explicó ayer Mascarell tras conocer el acuerdo. “Es una buena noticia para el mundo del cine, continuaremos trabajando en beneficio de este sector y de la producción audiovisual”, aseguró convencido de que la medida saldrá adelante.

En el acuerdo de 2011 entre las distribuidoras americanas, las majors, y la Generalitat, que permitió aplicar la Ley del Cine catalán, se marcaba pasar de una cuota de mercado del cine en catalán del 3% al 25% en 2014 y el 35% en 2017. Pero en realidad, la situación, lejos de mejorar, ha empeorado y mucho, ya que según datos de la propia Generalitat, la cuota actual es de un 2,67%. “Es una situación profundamente insatisfactoria”, aseguró Mascarell, que sin embargo insistió en que “a pesar de las dificultades que ha vivido el sector, ahora cuenta con un mapa de futuro bien definido, ordenado y pensado porque se pueda seguir haciendo cine de calidad en Cataluña”.

Este mapa cuenta con una financiación de 20,2 millones de euros para este 2015 para poder desarrollar la políticas de soporte al sector, de los cuales 8,9 son para ayuda al desarrollo y la producción, 6,8 a la distribución y exhibición, 2,7 para el doblaje y subtitulación, 950.000 euros para festivales, 626.900 a la promoción y 130.000 a la formación. Un presupuesto que se volverá a aplicar durante 2016.

El sistema de financiación catalán del audiovisual comenzó a crearse y aplicarse en 2012 con la idea de dotar al sector de nuevas herramientas de financiación. En este contexto nació la tasa a los audiovisuales (que surgió como una copia al sistema francés de pago por antena) y que garantizaba, según el consejero, el sistema a largo plazo tras la aportación de unos 20 millones por parte de las operadoras. La medida, que fue aprobada por la mayoría del Parlament fue denunciada por el gobierno Central ante el Tribunal Constitucional. “La Generalitat fijó una aportación complementaria de 10 millones para garantizar la aportación en caso de que la medida se recurriera como así ha sido”, explicó el consejero que dejó claro que su departamento garantizaba otros diez millones para 2016. Tres horas después el Constitucional daba un respiro, por ahora, a las arcas del gobierno de Mas.