Aneri abrió 40 empresas tapadera para captar el dinero de la formación
Negociaba para conseguir otra docena de firmas con las que ampliar su negocio,
Uno de los cabecillas de la trama de los cursos de formación de la Comunidad, José Luis Aneri, utilizó 40 empresas pantalla a nombre propio y de testaferros para camuflar facturas falsas y pagar a socios y hombres de paja. Pero buscaba más, según el sumario del caso, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Después de que la policía comenzara a seguir sus pasos, Aneri y uno de sus hombres de confianza, Felipe Granados, negociaban para conseguir otra docena de firmas tapadera con las que ampliar su negocio, que manejó al menos 15 millones en fondos públicos regionales y estatales de formación.
En septiembre de 2013, cuando el emporio empezaba a tambalearse por la deriva vital de Aneri, sumido en un mundo de drogas, prostitución y lujo, su red seguía con las gestiones para hacerse con nuevas sociedades pantalla. Por entonces, manejaba ya 40 sociedades que llevaban aparejadas 25 cuentas de correo electrónico.
El objetivo de Aneri, según los informes policiales incorporados al sumario, era engordar la madeja de sociedades para ampliar la estafa millonaria a través de facturas falsas y mordidas a algunas de las asociaciones que solicitaban cursos financiados por la Comunidad que no se realizaban. En otros casos, las asociaciones defienden que fueron estafadas. Todo está por escrito en los correos electrónicos que la Brigada de Policía Judicial incautó en los servidores informáticos de las empresas de Aneri al registrarlas.
Durante los años investigados por el juzgado, la actividad mercantil del conglomerado de Aneri fue vertiginosa. En un solo día, el 6 de marzo de 2012, dio de alta cuatro empresas fantasma: Pioneer Entidad Formativa, Avanza Teleformación Certificada, Iberica de Certificados de Profesionalidad, y Atenea Certificados de Profesionlidad.
Segundo intento para una comisión de investigación
Apenas un mes después de que la policía detuviera a Aneri en febrero de 2014, la oposición intentó abrir una comisión de investigación sobre los cursos de formación en la Asamblea de Madrid. El Partido Popular empleó la mayoría de la que gozaba entonces en el parlamento regional para impedirlo.
Tras las últimas elecciones regionales, el PP perdió esa mayoría. Este mismo mes ha comenzado una comisión de investigación sobre la corrupción política en la que se analizará qué pasó con los cursos de formación previsiblemente tras las Navidades.
Aún no se han cerrado las comparecencias. De momento, Podemos ha pedido que figuren en esa lista nombres destacados de la patronal madrileña (CEIM) y de la Cámara de Comercio —salpicadas por el escándalo— y exaltos cargos de la Comunidad de Madrid. La titular del juzgado de Instrucción 9 de Madrid, que lleva el caso, ha pedido que se investigue a la cúpula de la Consejería de Empleo entre 2010 y 2014.
Entre los comparecientes que pide Podemos están Arturo Fernández, expresidente de la patronal; Alejandro Crouceiro, exsecretario general; Alfonso Tezanos, exsocio de Aneri e imputado, que fue responsable de la Comisión de Formación de la Cámara de Comercio. También se solicita que acuda la expresidenta Esperanza Aguirre; Ana Isabel Mariño, exconsejera de Empleo entre septiembre de 2012 y 2015 y otros antiguos cargos de esa área, como el exviceconsejero Juan Van Halen o la exdirectora de Formación, Patricia Herreros.
La expansión no paró ahí. El 19 de octubre de ese mismo año, a las 14.01, un representante de Affirma World Business Center S. L., una de las firmas que se dedica a la venta de sociedades sin actividad, escribe a Aneri: “Me comentaste que querías otras cuatro sociedades y que estabas pendiente del envío de la documentación. Te paso las que tenemos disponibles a día de hoy”. Para abrir las empresas, Aneri compraba los CIF (Códigos de Identificación Fiscal) a firmas que se dedican a este negocio para aligerar los trámites administrativos.
Diez días más tarde, una empleada de la red confirmaba por emaila su jefe que 21 cuentas de correo de otras tantas firmas y asociaciones ya están operativas.
Las compras de sociedades por parte del entramado fueron continuas a lo largo del último lustro. El informe policial incorporado a la causa es contundente: “Aneri crea un entramado de empresas con las que facturar las acciones formativas a distintas entidades/asociaciones y así no levantar sospechas ante las administraciones públicas”.
El 3 de abril de 2013, cuando ya había dos grupos policiales pisando los talones a Aneri, una de sus empleadas le explica por correo electrónico: “Francisco de Affirma me ha dicho que las empresas que están domiciliadas en Barcelona y las quiere dar de baja son: Turingi y Lantic”. Ambas acabaron formando parte del entramado, según obra en el sumario. También tenía empresas en Paterna (Valencia) y Córdoba
El 25 de junio de 2013 Societalis, otra de las firmas que se dedica a transferir sociedades, le ofrece ocho empresas más y le recuerda los nombres de las 10 que ya están registradas a su nombre.
En las primeras empresas figuraba él o algún familiar al frente, pero conforme avanza el conglomerado ponen de titulares a hombres de paja, testaferros que, según apunta el atestado policial, reciben a cambio “una cierta cantidad de dinero regularmente, tal y como se recoge en las cajas semanales que se manejan en dinero negro”. En los más de 8.000 folios de sumario figuran pagos periódicos de entre 700 y 1.000 euros a estos hombres de paja cuyos apellidos repiten con distintos cargos en el ovillo de sociedades.
Asunto: “Testaferro”
De todas esas prácticas ha dejado rastro Aneri en sus ordenadores. La impunidad con la que operaba llega al punto de que uno de los emails que se cruza Aneri con su hombre de confianza, Felipe Granados, el 1 de abril de 2012 a las 12.03, se encabeza bajo el asunto “TESTAFERRO”. En esa comunicación, Granados da pistas sobre la intermediaria a usar en un negocio: “Te comento que es una chica de color con documentación comunitaria, solo está esperando un día para ver las condiciones”.
Otro email remitido por Granados a Aneri el 18 de agosto de 2013 a las 8. 20, incorpora un archivo adjunto con un concepto de “743,26 euros a TESTA”. La policía da por hecho que se trata de un nuevo pago a testaferros.
El ovillo de empresas adquirió tal dimensión que acabó confundiendo a los propios miembros de la red. El 6 de febrero de 2013, una de las asociaciones que solicitó ayudas para formación a través del conglomerado envía un correo electrónico a Aneri que dice: “Te adjunto la factura. Es de Jartín, si no es así, avísame y la cambio”. El correo electrónico lleva adjunto un albarán de 8.361,10 euros imputado a Desarrollos Empresariales Jartin SL.
Para evitar esos equívocos, Joaquín Aneri, hermano y empleado, le mandó un correo el 11 de septiembre de 2013 a las 12.54: “Hay varias empresas que no han participado en ningún plan pero además hay dos que ni siquiera han tenido ninguna actividad hasta la fecha”. En ese momento, el entramado manejaba 40 sociedades pantalla según la policía. Pero buscaba más.
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