Algo huele mal, muy mal

El miércoles pasado Barcelona olía mal. El hedor se extendía despiadado del Besòs al Llobregat. Las autoridades ubicaron inicialmente la procedencia del mal: tres hectáreas recubiertas de estiércol en una finca del parque agrario de El Prat. Es paradójico que una sociedad con pituitarias capaces de detectar la pestilencia de heces animales a 10 kilómetros de distancia sobrelleve cotidianamente el olor a podrido que desde hace años se ha adueñado de buena parte de la vida política. El País Valenciano, Andalucía o Madrid son emplazamientos con abundantes vertederos de corrupción. A eso tan español y castizo del cohecho, el tráfico de influencias o el blanqueo de capitales no escapa la soberanista Cataluña. El hecho diferencial no existe.

Sin necesidad de recurrir al clan extractivo de los Pujol —que día que pasa, día que se supera—, la hemeroteca más reciente certifica que, en lo que a corrupción se refiere, Cataluña no perd pistonada. Empezamos el mes de noviembre con la inhabilitación por nueve años y medio de Xavier Crespo, exalcalde Lloret de Mar y exdiputado convergente, por dar trato de favor a un empresario ruso, Andrei Petrov, vinculado al blanqueo de fondos de origen criminal. Petrov tiene estrecha relación con Semion Mogilevich, una de las diez personas más buscadas por el FBI. La sentencia condenatoria de Crespo es del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Lo curioso es que el exdiputado de CDC estuvo en un tris de ser nombrado jefe político de los Mossos d'Esquadra cuando Felip Puig se estrenó como consejero de Interior en 2010. Eran años de mano dura con el manifestante, en los que la demostración de fuerza contra el rojerío —como en el desalojo de los indignados de plaza de Catalunya— o la generosidad en el uso de pelotas de goma era altamente apreciada entre el nacionalismo catalán de orden. No como ahora, que la desobediencia a las leyes se ha convertido, al menos sobre el papel, en un precepto del catecismo convergente.

Pero el caso judicial del condenado que iba para jefe político de los Mossos no ha venido solo. Ha llegado acompañado en el tiempo por el escrito de la defensa de CDC en el caso Palau, que contiene párrafos dignos de ser sainetes en grandes obras, como el caso Gürtel. “Nadie ha visto al tesorero de Convergència recibiendo sobres”, sostiene el partido en su escrito. ¿Cuánto debían contener esos sobres que nadie ha visto? Pues según el juez y el fiscal, 3,7 millones supuestamente en efectivo y entregados a los responsables económicos del partido. Pero eso es para la defensa “mera sospecha”. Como también lo es ese total de 6,6 millones que CDC recibió, presuntamente, de Ferrovial. La parte más costumbrista del escrito de la defensa es la explicación de cómo 630.000 euros fueron a parar al partido, vía fundación CatDem, conducto que es el primer destinatario habitual del 3 % de donaciones presuntamente ilegales por adjudicación de obra pública. Pues bien esos 630.000 euros se destinaron, de acuerdo con la defensa, a fines tan encomiables como “actuaciones sardanistas, de canto coral, habaneras”. Lo más natural del mundo: un coliseo lírico, como el Palau de la Música, haciendo donaciones a la fundación de un partido para que organice veladas musicales.

El colofón del cierre semanal lo ha constituido el retorno a su puesto de trabajo del tesorero de CDC, Andreu Viloca, imputado en el caso 3 % por media docena de delitos: cohecho, prevaricación, financiación ilegal de partido, tráfico de influencias, alteración del precio en concursos públicos y blanqueo de capitales. Junto a Viloca están imputados una docena de empresarios y Josep Rosell, número dos de Infraestructures.cat, la empresa de la Generalitat que adjudica obra pública. A Viloca, el partido le pagó los 250.000 euros de fianza para que saliera en libertad —un acto de generosidad bien entendida— y esta misma semana se ha reincorporado a su puesto de trabajo tras pasar 21 días en prisión. La fiscalía considera que el tesorero de CDC fue solo “un instrumento” al servicio de los responsables del partido que supuestamente organizaron el pago de comisiones por adjudicación de obra pública, que las empresas luego supuestamente recuperaban gracias a sobrecostes del proyecto.

El caso es que el miércoles, Barcelona olía a estiércol. Y el jueves el hedor persistía. Muchos ciudadanos, acostumbrados, ya no miran la suela del zapato y además saben que tres modestas hectáreas de estiércol son incapaces de producir semejante pestilencia.