La UE acusa a la Generalitat por la contaminación de Iberpotash

Mucho tendrán que cambiar los argumentos de la Generalitat si quiere evitar una multa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el caso de la contaminación salina de las minas del Bages. Un documento de 34 páginas remitido por la Comisión Europea al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, abre un abanico de dudas sobre la actuación de los sucesivos gobiernos catalanes para controlar los desechos generados por la actividad minera en Sallent. “Las autoridades españolas no han adoptado las medidas necesarias para garantizar que los residuos extractivos generados por las actividades de Iberpotash S. A. en la comarca del Bages se gestionen en condiciones adecuadas”.

El fragmento entrecomillado integra el documento remitido el pasado 24 de septiembre. En realidad, es la segunda carta de emplazamiento enviada a las autoridades españolas, que deberá responder a los técnicos de Bruselas. En función de si esas nuevas argumentaciones son creíbles, el Ejecutivo comunitario tendrá que decidir si archiva el caso o lo eleva a la Justicia Europea, que decidirá si procede una sanción por haber vulnerado dos directivas marco de la UE, sobre recursos extractivos y de aguas. A tenor del contenido del documento, hay muchas dudas sobre la posibilidad de subsanar los problemas del Bages. De hecho, el texto describe cómo la propia Generalitat admitió que retirar las montañas de sal existentes a las puertas de las minas de Súria y Sallent es una medida “técnicamente inviable y desproporcionadamente costosa”.

Pese a esa impotencia descrita, la Generalitat ha intentado convencer a la Comisión de que ha tomado decisiones para intentar frenar el problema de las cinco montañas de sal existentes en el Bages como consecuencia de más de un siglo de extracción de potasas del subsuelo. Pero sus explicaciones no han servido de momento para paliar un problema de “salud pública”, como lo considera la UE, basado en la salinización del Llobregat, del que se surte gran parte de la población de la región metropolitana de Barcelona.

La Generalitat, en sus escritos, reconoce que esa actividad es la principal fuente de contaminación del río y de sus acuíferos. Que tiene una afectación "crítica" sobre la hidrogeología de la zona y que incluso el Plan Hidrológico del Llobregat reconoce que sería imposible reducir la contaminación a corto o medio plazo.

Sin medidas correctoras

A la Comisión Europea no le convencen sus explicaciones. Tampoco las del plan de saneamiento que se había presentado como fórmula para mitigar la contaminación. Señala en el documento al que ha tenido acceso EL PAÍS que ni tan solo se había puesto en marcha y, posteriormente, tras una primera alegación de la Generalitat, respondió: “Lo cierto, sin embargo, es que las medidas correctoras propuestas no se habían aplicado aún íntegramente en la fecha de la carta de emplazamiento”, en julio de 2014. El motivo es “por no disponer de recursos financieros necesarios”, reconoce la Agencia Catalana del Agua.

El documento pone en duda que en el caso de las minas del Bages se haya puesto en funcionamiento el principio de “quien contamina, paga”. La mayor parte de las inversiones para subsanar la contaminación han corrido a cargo del erario público y las administraciones han tenido que asumir la gran parte de los costes. Asimismo, cuestiona uno de los argumentos utilizados por Iberpotash para mantener sus planes de crecimiento en la zona. La compañía minera asegura que reducirá en décadas la montaña de sal de El Cogulló (Sallent), ya que convertirá esos desechos en recursos para fabricar sal industrial.