Procesados dos alcaldes por evitar demoler casas ilegales de “allegados”

La juez ha procesado a dos exalcaldes de Ontinyent (Valencia), a un exconcejal de Urbanismo y a funcionarios del Ayuntamiento tras haber hallado "indicios racionales de criminalidad" en su actuación respecto a varias viviendas construidas de forma ilegal en la población que no fueron demolidas. La magistrada cree que el motivo de la inacción fue que las viviendas pertenecían a "personas allegadas a miembros de la corporación o a funcionarios municipales".

Entre los imputados, que han negado los hechos a lo largo del procedimiento, hay exresponsables del partido socialista (el exalcalde Manuel Rigart), del Bloc (el exregidor Rafael Martí Portero) y del PP (el exconcejal de Urbanismo Filiberto Tortosa), que tuvieron responsabilidades la pasada década.

En una resolución de 60 páginas, la juez mantiene que los excargos públicos dejaron pasar el tiempo pese a las denuncias formuladas por un grupo de vecinos hasta que concluyó el periodo legal de cuatro años, desde que finaliza la construcción, para demoler una vivienda edificada irregularmente. Y que los indicios apuntan a que tal lentitud fue premeditada, lo que implicaría prevaricación.

Sobre un total de 12 edificaciones, "en contra de lo dispuesto en las leyes, no se llegó a incoar expediente de restauración de la legalidad urbanística o se notificó la incoación después de que hubiera concluido el plazo para hacerlo, por lo que no se cumplió la obligación de resolver sobre dicha restauración, establecida por la ley con carácter inexcusable", indica el auto dictado por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ontinyent.

"Tanta resistencia por parte de miembros de la corporación y funcionarios responsables a localizar las edificaciones denunciadas y a incoar los expedientes de restauración, hace pensar que, como sostiene la asociación denunciante, si no todas, algunas de estas edificaciones pertenecían a personas allegadas a miembros de la corporación o a funcionarios municipales, lo cual se ha comprobado ser cierto y es la única explicación posible a su conducta", indica la resolución.

La magistrada llega a la conclusión tras comparar "la lentitud y el desinterés" que caracterizó la marcha de estos casos con "la agilidad" con que se tramitaron y resolvieron "sin trámites innecesarios, los de las edificaciones de los miembros de la asociación denunciante", "en todas las cuales se acordó la demolición".

La Asociación en defensa de les Casetes d'Ontinyent (Adeca), indica el auto de la juez recogiendo parte de la denuncia original, empezó a construir las viviendas en 2004 con el "convencimiento de que estaban llevando a cabo algo normal" en la capital de la comarca de La Vall d'Albaida. En la población se estaban levantando "multitud de construcciones desde años atrás, que incluso propiciaba el propio Ayuntamiento porque a los que pedían información solo les preguntaban si disponían de agua y luz, en cuyo caso se les decía que no había problema".

Las casas de los miembros de esta asociación Adeca se estaban construyendo cuando "les llegaron órdenes de paralización de las obras, se precintaron las mismas" y se les abrió expedientes para "restaurar la legalidad urbanística". En los meses siguientes, los afectados hicieron un inventario de otras casas construidas en las mismas condiciones presuntamente irregulares que pertenecían a "personas allegadas a miembros del Ayuntamiento y a funcionarios del mismo". Denunciaron los hechos ante el Ayuntamiento en enero y diciembre de 2006 y julio de 2008.

En las denuncias se reclamaba que "en aplicación de la ley y del principio de igualdad de todos los ciudadanos ante esta, se les iniciara expediente de paralización de obras, así como el procedimiento de restauración del orden urbanístico perturbado". La juez considera probado que tanto la oficina técnica municipal como "la alcaldía quedaron enterados" de las denuncias.

A pesar de ello, "pasaron más de dos años y medio sin que se resolvieran las alegaciones" ni "se incoara ningún expediente", de modo que transcurrió el plazo que la Ley Urbanística Valenciana contemplaba para demoler viviendas ilegales. En sus declaraciones, "los responsables municipales han expuesto excusas para tratar de justificar su falta de actuación, pero lo cierto", cree la magistrada, es que no "hicieron nada" para corregir la situación.

La juez da un plazo de 10 días a la fiscalía y a las acusaciones particulares para que soliciten la apertura de juicio o el archivo de las actuaciones. El delito de prevaricación por el que han sido procesados los acusados prevé penas de inhabilitación para empleo o cargo público.