El recurso del Gobierno suspenderá la ley que da atención a ‘sin papeles’

El Gobierno presentó el miércoles 28 de octubre recurso de inconstitucionalidad contra la ley valenciana que devuelve la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares al considerar que invade sus competencias. La interposición del recurso implicará, salvo que el alto tribunal observe un error de forma, la suspensión de la norma autonómica.

La Consejería de Sanidad mantiene de momento la aplicación de la ley, que ha beneficiado a cerca de 5.000 personas desde que se devolvió la universalidad de la atención a los extranjeros sin papeles en julio pasado. El acceso fue restringido por el Gobierno en 2012 dentro de las medidas para contener el gasto público. La consejera valenciana Carmen Montón explicó que la iniciativa de la Generalitat se debía a una cuestión de "decencia" y también a motivos de salud pública.

Este último argumento fue utilizado por el Tribunal Constitucional para considerar legal la atención a los inmigrantes en otras autonomías, como el País Vasco, que no aplicó la restricción aprobada por el Gobierno.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha recurrido la norma, sin embargo, invocando el artículo 161.2 de la Constitución "a fin de que se produzca la suspensión de la aplicación del decreto ley recurrido", señala una portavoz ministerial.

"El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses", establece el citado artículo de la Constitución.

La decisión sobre la admisión del recurso, que solo cabe rechazar por motivos de forma, suele adoptarse en un plazo "de semanas", indica una portavoz del alto tribunal. Y la suspensión de la norma en caso de que se tramite el recurso es automática, aunque debe ser revisable en un máximo de cinco meses a partir de ese momento estudiando el fondo de la cuestión.

Las elecciones generales se celebrarán el 20 de diciembre, por lo que la decisión del Constitucional se conocerá probablemente en fechas próximas a los comicios.

Además del País Vasco, otras comunidades como Navarra y Andalucía ofrecen atención sanitaria a los sin papeles. También Madrid, gobernada por el PP ha dado pasos en la misma dirección. La forma normativa de aplicar las medidas y su alcance es dispar, sin embargo, en función de los territorios, como también lo ha sido la reacción del Gobierno ante las mismas.

Competencias exclusivas

El Ejecutivo considera, sin embargo, que la "jurisprudencia constitucional establece que la competencia estatal de bases de sanidad incluye la definición de los asegurados y las prestaciones en materia de Sanidad, así como la financiación de la sanidad pública".

Según el Gobierno, la ley valenciana invade competencias al regular "los requisitos para tener la condición de asegurado y de beneficiario, la cartera común de servicios y las prestaciones de salud pública, además del uso de medicamentos y productos sanitarios y la aportación de los usuarios y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica". Unas competencias que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas considera que son "materias que corresponden exclusivamente al Estado".