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El juzgado exculpa a la Generalitat del “corralito” de l’Aldea

El magistrado alega que a los inspectores les era difícil descubrir las artimañas en las cuentas

Entrada a la sección de crédito de la Cooperativa de L'Aldea, en una imagen de archivo.
Entrada a la sección de crédito de la Cooperativa de L'Aldea, en una imagen de archivo.

Los técnicos de la Generalitat a quien se les encomendó supervisar las cuentas de la cooperativa agrícola de l'Aldea (Baix Ebre) tenían la misión de redactar un informe de inspección pero, en ningún caso, de tramitar un expediente sancionador. Así lo manifiesta el Juzgado de Instrucción 1 de Tortosa en un auto que desimputa al exdirector general de Política Financiera de la Generalitat, Ferran Sicart, y a dos inspectores del cuerpo, Ramon Cortacans y Pau Benito. El juzgado les libera de las diligencias previas que se siguen contra la quiebra de la sección de crédito de la cooperativa agrícola y, de esta manera, la Generalitat se exime de responsabilidad en un asunto que mantiene entrampados 4,5 millones de euros de unos 300 ahorradores.

El juzgado tampoco encuentra justificado mantener en la causa a la auditora BDO y a su responsable, Juan Carlos Torres. A pesar de reconocer que la Generalitat debería haber llevado a cabo un "control más escrupuloso" de la entidad, de aceptar que no se actuó con la diligencia debida y que hubo fallos en la vigilancia financiera de la oficina de l'Aldea, el auto judicial argumenta que no era tarea sencilla para los inspectores descubrir el falseamiento de cuentas y la pignoración de activos que habían realizado los directivos de la sección de crédito.

La Generalitat detectó irregularidades en las auditorias de 2007 pero, sin embargo, Sicart y sus colaboradores optaron por archivar el asunto sin escarbar más. Los inspectores se limitaron a dar un toque de atención a los encargados de llevar al día las cuentas de la entidad y dieron por bueno el propósito de enmienda que manifestaron los dirigentes de la cooperativa -los mismos que se apresuraron a poner a salvo su dinero cuando la quiebra ya era inminente-.

Este proceder les terminaría costando a los técnicos de la Generalitat una imputación por un supuesto delito contra la administración pública , pero ahora el mismo juzgado les ha redimido. Los socios afectados por la quiebra han anunciado la presentación de recursos y reclamaciones patrimoniales ya que, con la desimputación de la Generalitat y de la auditora BDO, ven seriamente comprometidas sus pretensiones para que alguien responda, ni que sea subsidiariamente, de la quiebra. Solo les queda la carta de Bankia, que aun sigue imputada por un presunto delito de apropiación indebida. Bankia supuestamente operaba con los impositores de la sección de crédito como si fueran clientes suyos, abriendo cuentas sin su autorización. Esto le permitió incrementar sus beneficios económicos pero cuando la sección de crédito quebró, Bankia quiso desvincularse completamente del negocio.