El alto cargo de Mas detenido dirigió una obra con un sobrecoste del 81%

Josep Antoni Rosell, director de Infraestructures.cat y uno de los 12 detenidos esta semana por la trama del 3%, es responsable de una abultada desviación presupuestaria en la construcción del canal Segarra-Garrigues, una obra valorada inicialmente en 1.069 millones. Desde el sector público, Rosell participó en el diseño del proyecto, que se adjudicó en 2002. Poco después, se convirtió en director general del consorcio ganador, Aguas Segarra-Garrigues (ASG). A fines de 2011, un informe interno elaborado por Regsega —empresa pública de la Generalitat que controla la ejecución de la infraestructura, ahora paralizada—, estimó que el sobrecoste de la obra podría alcanzar el 81% si se mantenía la misma superficie de riesgo prevista en el diseño original.

Ese informe y las actualizaciones posteriores corrieron a cargo de un equipo del propio Rosell: en 2011 había ya vuelto al sector público como responsable de Regsega y número dos de Infraestructures.cat, la mayor licitadora de obra pública de la Generalitat que ahora está en el punto de mira por favorecer, presuntamente, a empresas afines a Convergència.

Durante su etapa en el sector privado, Rosell veló por los intereses del consorcio ganador —liderado por FCC y Agbar— y pretendió saltarse el contrato inicial que él había ayudado a diseñar. Esas pretensiones le valieron enfrentamientos con los técnicos de Regsega. La obra, además, ha resultado un fiasco. El proyecto inicial preveía regar 70.150 hectáreas en el margen izquierdo del río Segre (Lleida). Hace dos años, sin embargo, los trabajos quedaron casi parados. La Generalitat espera llegar a duras penas, de aquí a dos años, a las 18.000 hectáreas.

El contrato inicial fijaba un precio cerrado. “Era un contrato de llave en mano. La concesionaria debía cumplir las condiciones fijadas”, explican fuentes conocedoras del proyecto. Pero Rosell hizo todo lo posible para modificarlas. Primero, bloqueó las obras hasta que se cerró el programa de reparcelación. Después, logró que ASG pudiera entregar obras parciales acabadas, pero inanes por sí solas. Ello permitió reconocer deuda e intereses a la concesionaria, que vio aumentados así sus beneficios a futuro.

Rosell también trató de fijar nuevos precios, más allá de los incluidos en el contrato. Pero sus pretensiones chocaron con los técnicos de Regsega. Hubo reuniones entre ambas compañías. Regsega llegó incluso a contratar al despacho de abogados Cuatrecasas, que le dio la razón. Pero las cosas no cambiaron.

Una nota interna de Regsega, en poder de EL PAÍS, fechada en 2007 y dirigida al presidente de la compañía, afirma que “el contrato no se está desarrollando de acuerdo con las previsiones de realización de obras y de superficie puesta en riego”. Y agrega que “ASG actúa de manera no adecuada a los mandatos y filosofía del contrato e interpreta las cláusulas de forma desequilibrada con un claro interés partidista”.

Ese documento, que se centraba en tres sectores finalizados, advertía de que se había producido una desviación presupuestaria del 89%. “Se podría pensar que los presupuestos contratados están desfasados y no son reales. Pero eso no es así, porque los precios contratados se ajustan perfectamente a un estudio comparativo con obras reales”, concluye el informe. En aquel momento apenas se habían invertido 50 millones. La Generalitat, en manos del tripartito, autorizaba los sobrecostes, motivados por un aumento del coste de materiales y procedimientos de obras, por reparcelaciones e incluso por una investigación de la UE sobre la afectación a zonas de paso de aves.

Más tarde, en 2011, Regsega elaboró un informe en el que señalaba que las obras podrían acabar con una desviación del 81%, lo que dispararía el coste del Segarra-Garrigues hasta los 1.928 millones. Iniciativa llevó el informe a la Fiscalía. Para entonces, sin embargo, las obras ya estaban casi completamente paralizadas por la falta de recursos, que habían obligado a la Generalitat a replantearse el proyecto para sacarlo adelante garantizando su viabilidad económica. Se habían consumido 750 millones de obra y la banca había dicho basta. El pool bancario cerró el grifo, en parte, porque la calificación crediticia de la Generalitat había caído en picado con la crisis.

Rosell, uno de los cargos mejor pagados de la Administración catalana (139.500 euros), fue uno de los arquitectos del proyecto. Intervino en los trabajos preliminares y se incorporó al consejo de administración de Regsega desde que la Generalitat la constituyó, en mayo de 2002. Lo abandonó cuatro días antes de que se abrieran las plicas del concurso del Segarra-Garrigues. La firma del contrato entre Regsega y AGS fue el 20 de junio de 2003 y Rosell dejó la empresa pública. Para sorpresa de muchos, en agosto se convirtió en el nuevo director general de la concesionaria: Aguas Segarra-Garrigues. Según algunas fuentes, también fue uno de los defensores de que el consorcio liderado por FCC y Agbar se quedara el proyecto, tras derrotar a otro sector de Convergència que defendía al consorcio liderado por el Grupo Dragados, al considerar que su oferta era la correcta.