Ay, la clase obrera...

Vaya por delante mi simpatía política y mi reconocimiento al destacado papel que jugaron los sindicatos en la pasada década, cuando fueron prácticamente los únicos que alzaron la bandera de la defensa de los intereses de los trabajadores en el momento en el que, con Zapatero, se estaban iniciando buena parte de esas reformas estructurales (hay que ponerse a temblar cuando se escucha la expresión) que no hicieron más que agravarse con el Gobierno del PP. Pero, como escribía el poeta José Ángel Valente, “lo peor es creer tener razón por haberla tenido”, y el coraje de dichas organizaciones ante aquel desafío no ha tenido continuidad cuando se han planteado otros, de signo totalmente distinto, pero que igualmente afectan a los trabajadores y a los sectores sociales más desfavorecidos. Pienso, cómo no, en el desafío independentista, ante el cual los sindicatos mayoritarios en Cataluña han adoptado una actitud no siempre fácil de entender.

Cuando se aprobaron los últimos Presupuestos presentados por el Gobierno de CiU en la pasada legislatura, Oriol Junqueras hizo unas declaraciones reveladoras para justificar su apoyo a los mismos: eran unos presupuestos claramente antisociales, pero los apoyaban para no obstaculizar el procés. Se conoce que para el líder de ERC el procés constituye un valor absoluto por encima del sufrimiento concreto de los ciudadanos, que, con total seguridad, se remediará en el momento en el que se alcance la independencia. Su profundo convencimiento no nos viene de nuevas. A tal grado llega que, cuando en el programa Salvados dedicado a él y que transcurrió en el hogar de una familia sevillana, Jordi Évole le preguntó: “¿Plantearíais la independencia aunque pensárais que os va a ir mal?”, la respuesta de Junqueras no pudo ser más rotunda: “Me niego a plantear esta tesis”, lo que provocó el comentario guasón de uno de sus anfitriones: “Te niegas a plantear lo que no te viene bien (...) te creas una película”.

Por supuesto que no habría que descartar que algunos de los que priorizan el procés sobre el bienestar de sus conciudadanos más desfavorecidos lo hagan porque, a diferencia de estos, su situación económica particular les permite sobrellevar, sin mayores estrecheces, unos Presupuestos como los mencionados. De otra forma no se termina de entender que las declaraciones de Junqueras pasaran prácticamente desapercibidas, sin provocar un clamor escandalizado entre los suyos.

En todo caso, las organizaciones sindicales no pueden incurrir ni de lejos en actitudes parecidas. Desde ese punto de vista, lo que más sorprende no es que los sindicatos mayoritarios aquí se hayan apresurado a salir al paso de las declaraciones de sus compañeros de Madrid cuando estos han manifestado sus reservas respecto al proceso independentista, y que lo hayan hecho acogiéndose a las argumentaciones más habituales del soberanismo en relación con la naturaleza de Cataluña como sujeto político, su consiguiente derecho a decidir, la importancia del principio democrático y otras generalizaciones análogas.

Sorprendente que los sindicatos hayan rehuido entrar en un debate que afecta directamente no solo a sus afiliados, sino también a las clases trabajadoras en general

Lo sorprendente es que hayan rehuido entrar en un debate —el de en qué forma podría repercutir en la situación económica un escenario de secesión— que afecta directamente no solo a sus afiliados, sino también a las clases trabajadoras en general. Y lo hace aún más sorprendente si se compara con la actitud que han adoptado otros agentes sociales, desde patronales a grandes bancos, pasando por destacados empresarios, los cuales, aunque haya sido a regañadientes y defendiendo sus particulares intereses, se debe reconocer que han terminado definiendo su posición al respecto.

¿No hubiera sido lo razonable que los sindicatos hubieran hecho lo propio y, tras un análisis serio y riguroso, hubieran entrado a valorar pros y contras de la propuesta independentista para los sectores a los que representan? En vez de ello, aceptaron, es de suponer que presionados por el oficialismo, la premisa soberanista de que vivimos una situación histórica excepcional que obliga a aparcar cualquier otro asunto y a priorizar una cuestión de orden político sobre lo propiamente sindical.

Pero la supuesta radicalidad democrática que representa esa reivindicación de una consulta en la que permanecen encastilladas las organizaciones sindicales, reivindicación abandonada ya incluso por el propio independentismo, en realidad no deja de ser un burladero decisionista para aplazar al máximo el momento de poner las cartas boca arriba y definir su posición respecto al modelo territorial. El 27-S, sin embargo, mostró que la ambigüedad empieza a salir muy cara.

Manuel Cruz es catedrático de Filosofía Contemporánea en la UB