Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

“Antes pasaba hambre, ahora hambre y frío”

Tres mujeres cuentan que se adentran en la miseria en Euskadi al reclamarles el Servicio vasco de Empleo entre 10.000 y 26.000 euros, además de retirarles las ayudas

Pilar, Aloña y al fondo Vicky Molina, la presidenta de la Asociación de Afectados por Lanbide
Pilar, Aloña y al fondo Vicky Molina, la presidenta de la Asociación de Afectados por Lanbide

Aloña, Pilar y María —este último es el nombre ficticio de una mujer real de 70 años— tienen un grave problema en común. Pasan hambre, y a partir de ahora, ellas y las personas que dependen de ellas, van a pasar frío. Son tres mujeres que, debido a errores administrativos, han contraído una deuda que añade incertidumbre y miedo a sus vidas, cuando sus circunstancias personales ya estaban al límite antes de verse afectadas por un error ajeno. Y no son las únicas.

En Euskadi hay centenares como ellas que un día recibieron más dinero del que les correspondía por las ayudas sociales y de inserción, y ahora el organismo público que las concede y regula, y que se equivocó, Lanbide, se lo reclama sin demasiada delicadeza ni explicaciones suficientes. El consejero de Empleo y Asuntos Sociales, Ángel Toña, se comprometió con la asociación de afectados por Lanbide, en julio pasado, a resolver parte del problema. Pese a que prometió reducir las devoluciones a 30 euros al mes, sigue cobrando a los deudores a razón del 30% mensual de la renta que les entrega, —en muchos casos más de 200 euros de los 700 de media que perciben—. Los empleados de Lanbide seguían respondiendo el miércoles lo mismo: "Todavía no tenemos la orden de reducir las devoluciones a 30 o 40 euros, cobramos el 30% de la Renta de Garantía de Ingresos". Fuentes de Empleo aseguran que siguen trabajando y esperan poner en marcha la nueva regulación antes de fin de año, consientes de que hay gente que está sufriendo.

Antes de fin de año

El Gobierno vasco asume que va más lento de lo que desea. Pese a que inicialmente querían haber resuelto la cuota social de devolución este mes, la nueva fecha es antes de fin de año, aunque tampoco ofrecen garantías. Fuentes del departamento explican que están pactando el nuevo texto que permite cobrar de manera personalizada a los deudores, y bajar desde la actual cuota del 30% de lo que reciben, a 30 o 40 euros mensuales, si su situación es delicada, o incluso dar moratorias de meses en el caso de que no puedan hacer frente a ella coyunturalmente. La nueva regulación, dicen, ha sido consensuada con el Defensor del Pueblo Vasco -Ararteko- y organizaciones sociales como Cruz Roja y otras. Precisamente fue el Ararteko el que pidió al Gobierno hace ya más de 12 meses -PSE y EH Bildu sacaron una proposición no de ley adelante el pasado junio- que regulara una cuota social para evitar este tipo de casos extremos. 

A Pilar, una mujer de Lazkao, Gipuzkoa, con su marido dependiente, la administración vasca le exige 11.000 euros en dos pagos, y cada semana recibe una carta de Lanbide en la que se lo recuerdan. Le advierten de que, en caso contrario, se verán las caras en el Contencioso Administrativo. A Pilar le han retirado la Renta de Garantía de Ingresos porque dicen que cometió dos errores, no estar apuntada en Etxebide, la sociedad que concede las viviendas sociales a quienes la necesitan —ella acredita que lo está desde 2011— y que un mes se le olvidó sellar el paro. En julio pasado cobró por última vez los algo más de 600 euros que le correspondían. "Antes pasaba hambre, y ahora vamos a pasar también frío", denuncia desesperada.

A Pilar, con su marido

dependiente, Lanbide

le pide 11.000 euros

Llega el invierno, las facturas de la luz y del gas suben y la cuota social de devolución de la deuda no llega. En España, además, el precio del recibo de la luz se ha duplicado respecto al que se pagaba antes de la crisis. Para Aloña, Pilar y María, el sistema que les iba a ayudar a reinsertarse en la sociedad, se ha convertido en un laberinto que lejos de resolver sus problemas, los está agudizando La Asociación de Afectados ha solicitado una nueva reunión con el consejero, para recordarle que les dijo que para el invierno iba a estar solucionado. Pero el borrador del decreto no llega a la asociación, en Lanbide no dicen nada y el silencio del departamento es “la evidencia de que o no están haciendo nada o van mucho más despacio de lo que dijeron”, critica su presidenta, Vicky Molina.

En Euskadi la Renta de Garantía de Ingresos es derecho subjetivo. “A Pilar, que vive en un piso alquilado y que tiene que ayudar a su marido hasta para llevarle al baño, le reclaman más dinero del que ha recibido por ese concepto, es increíble”, critica Molina. “No vamos a esperar a que Lanbide la lleve al Contencioso, el caso lo vamos a llevar nosotros al tribunal esta misma semana”, dice, parafraseando al abogado de la asociación.

El sistema vasco de protección social, uno de los más avanzados, se diseñó con un concepto único e innovador, ofrecer en la misma ventanilla las ayudas sociales —Renta de Garantía de Ingresos y Complemento de Vivienda— y además los empleos disponibles para cada perfil. Pero cometió un enorme error, ingresó en torno a 86 millones de euros de más, a más de 80.000 perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos, en algunos casos extremos, más de 20.000 euros.

Los pagos indebidos a más de 80.000 afectados ascienden a 86 millones de euros

A María, una septuagenaria, le ha retirado sin previo aviso la ayuda. Tiene una casa heredada por la que no cobra ni un euro y que no puede vender hasta que la persona que la habita fallezca o se vaya y que en consecuencia no puede monetarizar de ninguna manera. Lanbide le reclama 26.000 euros, sin explicarle cómo hace el cálculo. Cuando solicitó las Ayudas de Emergencia Social explicó su situación y la de la casa, con toda la documentación. Le reclaman más dinero que los 14 meses que cobró a razón de 566 mensuales. “Cuando me dijo que le reclaman 26.000 euros se me echó a llorar”, recuerda Molina. “Todo esto es muy injusto se te cae el alma a los pies”, dice. “A María le han retirado las ayudas”, concluye.

Aloña tiene 35 años y vive en Rentería. Tiene un hijo con dependencia desde que nació. Solo puede trabajar media jornada y recibe un incentivo por su empleo. Pese a que lo comunicó y presentó toda la documentación al inicio del proceso, le reclaman íntegros los 32 meses que se lo han estado ingresando, algo más de 20.000 euros. De momento sigue con la RGI, pero en proceso de revisión.

La palabra que les une es la desesperación. Las tres tienen que elegir. Unos días comen y otros pasan frío en familia. “De hecho las tres pasan hambre y frío”, dice Molina, debido a unos hechos “que poco tienen que ver con su responsabilidad”. Las tres, y otras tantas y otros tantos más, empiezan a tener muy poco que perder y están estudiando otro tipo de alternativas para protestar por su situación. Han llegado a la conclusión de que o se soluciona el asunto en breve, a lo más dos semanas, o puestos a pasar hambre lo van a hacer con todas las consecuencias.

Más información