Euskadi denuncia una campaña para deslegitimar el Concierto Económico
El portavoz del Gobierno recuerda que se trata de un instrumento centenario, anclado en la Constitución y que goza de consenso en la sociedad y los partidos vascos
Una campaña "orquestada" para "deslegitimar" el Concierto Económico. Así entiende el Gobierno vasco las reiteradas posiciones y acciones "recentralizadoras" del presidente del Gobierno Mariano Rajoy, las tesis de Ciudadanos para eliminar "el privilegio que supone el Concierto", y las últimas y más recientes críticas de la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, quien ha asegurado que es necesario "modular" el Cupo porque Euskadi "está recibiendo más fondos que otras comunidades para la prestación de los servicios públicos".
El Gobierno vasco ha denunciado tras la reunión del Consejo, la existencia de una campaña "perfectamente orquestada" para "deslegitimar" el Concierto Económico de Euskadi, pese a que se trata de una norma "amparada" por la Constitución. El portavoz, Josu Erkoreka, ha lamentado esos mensajes tendentes a revisar el Cupo vasco -el dinero que paga Euskadi al Estado español por los servicios que el segundo presta en la comunidad autónoma en el caso de las competencias no transferidas-: "El Cupo es una herramienta esencial del Concierto Económico, la norma que regula las relaciones tributarias y financieras entre Euskadi y el Estado español", ha reiterado Erkoreka, tras lamentar que con esos mensajes se pretende "convertir el Concierto Económico en objeto de controversia política".
Está avalado por la Constitución y el Tribunal Constitucional"
El portavoz del Ejecutivo autonómico ha destacado que el Concierto "no nace" de la actual Constitución, sino que tiene su origen en 1878. De hecho, ha subrayado que se trata de una norma "centenaria", que "ha sobrevivido a diferentes periodos históricos y regímenes", incluida la dictadura franquista. En el recorrido histórico que ha hecho el portavoz, también ha aludido al "sustrato jurídico" del Concierto, "amparado" por la Disposición Adicional Primera de la Constitución y que ha recibido el "aval" del Tribunal Constitucional, además de ser social y políticamente una de las normas que más "consenso" genera entre los partidos vascos. Y junto a todas esas características ha hablado del riesgo que incorpora.
Es un instrumento de "riesgo unilateral", dado que las haciendas vascas, en las que recae la competencia de recaudar los impuestos en Euskadi, "nunca podrán ser rescatadas" por la Hacienda española si un eventual deterioro de los ingresos les lleva a una situación "insostenible". De hecho, el último Gobierno de Juan José Ibarretxe, aprobó un presupuesto con unas previsiones de ingresos que luego no se cumplieron. Con el gasto lanzado, y unos ingresos tributarios desplomándose el 25%, al nuevo Ejecutivo se le abrió un agujero de varios miles de millones de euros que les obligó a un endeudamiento máximo.
Judicialización
Erkoreka ha reiterado sus acusaciones al proceso de "recentralización" del Gobierno central al anunciar dos nuevos recursos ante el Tribunal Constitucional por "invasiones competenciales". El portavoz ha reprochado al gabinete de Mariano Rajoy su "ninguneo y desprecio" al Estatuto de Autonomía. El Gobierno autonómico ha autorizado este martes la interposición de dos recursos de inconstitucionalidad ante la Ley española ordenadora del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y ante el Real Decreto-Ley por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Garantías para el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
El Ejecutivo considera que ambas normas "vulneran el Estatuto de Gernika y lo hacen de manera reiterada", dado que el Gobierno vasco ha acudido al Tribunal Constitucional "por estos mismos motivos en varias ocasiones anteriores". Además de los recursos anunciados ahora, el Gobierno vasco ha recurrido al Tribunal Constitucional en 16 normas españolas esta legislatura. Respecto a Ley ordenadora del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Gobierno considera inconstitucionales los apartados en los que el Ejecutivo "se reserva para sí" la potestad sancionadora ante determinadas infracciones cometidas por las personas que cobran prestaciones y subsidios por desempleo.
El gabinete de Iñigo Urkullu argumenta que estos procesos sancionadores "no tienen nada que ver con el régimen económico de la Seguridad Social", y que además, en el caso de que si así fuera, Euskadi "es la única Comunidad Autónoma con competencias reconocidas en esta materia", según el artículo 18.2 del Estatuto de Gernika. En el caso del Real Decreto-Legislativo sobre la Ley de Garantías para el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, se recurre el apartado relativo a la cuantía del pago y los casos de exención de las personas beneficiarias de la prestación farmacéutica ambulatoria.
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