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Los vertidos ilegales aumentan un 40% en el último año en la región

Las denuncias puestas por la Guardia Civil, en su mayoría a empresas y autónomos que vierten en los alrededores de las grandes poblaciones, han pasado de 726 en 2013 a las 1.109 del último ejercicio

Restos de cables de cobre pelados en el poblado de El Gallinero, en Villa de Vallecas. Ampliar foto
Restos de cables de cobre pelados en el poblado de El Gallinero, en Villa de Vallecas.

Los vertidos ilegales en la región crecieron un 40% en el último año. Así lo ponen de manifiesto las denuncias puestas por la Guardia Civil, que han pasado de 726 en 2013 a las 1.109 del último ejercicio. Solo en los seis primeros meses del año, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) acumularon unas 400 denuncias, en su mayoría a empresas y autónomos que vierten en los alrededores de las grandes poblaciones. En la capital la peor parte se la lleva la Cañada Real Galiana, donde afloran las escombreras ilegales y el medio ambiente está muy degradado.

El principal problema con el que se encuentran las autoridades es que el vertido se puede hacer en cuestión de minutos y que, si no se pilla al infractor in fraganti, no es posible sancionarle y mucho menos obligarle a recoger lo vertido. Esto también explica la acumulación de basura en caminos vecinales y las zonas más cercanas a las vías de entrada a las grandes poblaciones de la región.

La tipología del que hace vertidos ilegales es de dos tipos. Por un lado está el particular que ha hecho una pequeña reforma en su casa y tira unos cuantos sacos en una zona que sea accesible con su vehículo. Luego están las pequeñas empresas de construcción y los contratistas que suelen tirar los escombros, sobre todo cuando no piden licencia municipal. Para hacer determinadas obras, es necesario pagar una tasa municipal y presentar la documentación de que los residuos los ha recibido un gestor autorizado.

Un guardia civil inspecciona una zona de vertido ilegal en Valdemingómez. ampliar foto
Un guardia civil inspecciona una zona de vertido ilegal en Valdemingómez.

“En general son materiales que suelen llevar a veces residuos tóxicos. Esto es todavía más grave en zonas de alta protección, como un parque natural o un parque regional”, señalan fuentes del Seprona de Madrid. Las denuncias pueden oscilar en estos casos entre los 600 y los 6.000 euros.

La competencia para denunciar estos vertidos corresponde a los Ayuntamientos y, por tanto, a las policías municipales. “Los vertidos se dan en toda la periferia, pero sobre todo en la zona sur. Y no siempre se trata de escombros, muchas veces encontramos la lavadora o el frigorífico antiguo que se tira en medio de un camino rural”, añaden las fuentes del Seprona.

Varias policías municipales han confirmado que algunas zonas limítrofes a los cascos urbanos son las preferidas para deshacerse de esos escombros. “No lo entendemos porque hay un punto limpio y se puede llevar allí una cierta cantidad al día”, añade un mando policial.

“El problema es que los procedimientos administrativos son muy lentos y, cuando vienen las denuncias, ya es demasiado tarde y hay muchos más vertidos”, añade un mando de la Guardia Civil.

Un recurso que está utilizando la Guardia Civil para acabar con este tipo de vertidos y controlar nuevas zonas de acumulación de escombros es el helicóptero. De esta forma, controlan zonas alejadas de los cascos urbanos y ven los puntos exactos que utilizan los transportistas para deshacerse del escombro. Los profesionales aseguran que pagar los 60 euros por término medio que les cobran en la escombrera municipal no les resulta rentable. “Entre el gasóleo, las licencias, autónomos y todos los gastos que tenemos, no nos sale a cuenta trabajar. Por eso, vamos a sitios que nos salgan más barato”, afirma un profesional. “Si quieren que lo hagamos bien, que bajen los precios”, concluye.

La peor situación se vivió a principios del pasado julio cuando un vertedero ilegal perteneciente a Juan José Escribano comenzó a arder. El humo causó problemas en Rivas-Vaciamadrid y en el Ensanche de Vallecas. Los vecinos de ambas zonas vieron cómo tenían que cerrar las ventanas en plena ola de calor. También sufrieron problemas respiratorios. El tema concluyó con la detención por parte del Seprona del dueño por un delito medioambiental. El juez ordenó su puesta en libertad y la prohibición de seguir vertiendo.

Los bomberos tardaron 17 días en extinguir el incendio. Fue necesario verter 24.000 toneladas de arena para sofocar todo el material que estaba almacenado y que incluía productos muy tóxicos. En algunos puntos del vertedero había hasta siete metros de altura de basura, lo que da idea de las toneladas de material acumulado. Fuentes municipales afirmaron que Escribano llevaba unos cuatro años vertiendo de manera incontrolada en ese punto. Primero lo recogía en una nave en la que ya se hacía una primera selección y luego la vertía a cielo descubierto, en una superficie de cinco hectáreas (unos cinco campos de fútbol juntos), lo que dio un cálculo de 275.000 metros cúbicos de porquería acumulados.

El dueño, que se ofreció en un principio a sofocar él solo con su maquinaria el incendio, reconocía a principios de agosto a agentes de la Guardia Civil que el juez le había prohibido verter. “No es que no pueda, es que no debo”, bromeaba ante los guardias. Estos ya sabían que está utilizando otra zona dentro de Valdemingómez para verter. De hecho, ha puesto unos grandes mojones en el acceso para impedir el paso de vehículos.

Fuentes de la Guardia Civil confirmaron que Escribano acumulaba 50 expedientes sancionadores instruidos por el Seprona y 35 por la Policía Municipal de Madrid. Algunos pueden llegar a los 300.000 euros. “Es poco dinero si tenemos en cuenta que por cada contenedor que tira en su zona, pese a estar prohibido, cobra 20 euros. El negocio en estos últimos años es de varios millones”, explican fuentes del instituto armado.

El panorama que se ve cuando se circula con los agentes del Seprona por la Cañada Real está realmente depauperado. Los vertidos surgen por todos los lados, en los que se acumulan las basuras de todo tipo. No hay puntos casi donde la vegetación crezca sin que haya sacos de escombro o todo tipo de residuos, que se ven en cualquier rincón.

Una de las peores zonas se encuentra es El Gallinero, cuyos habitantes se han dedicado desde hace años a robar cable de cobre y a quemarlo allí mismo para venderlo después a chatarrerías. Aprovechaban el alto precio de este material, que lo sustraían de las líneas del tren de alta velocidad (AVE), de los tendidos eléctricos de las autovías principales de entrada y salida de la ciudad o de las instalaciones de empresas de suministros. “El lugar está muy degradado. Todos los días se ven incendios y todo eso está cayendo al subsuelo, por lo que será muy difícil recuperar la zona”, explica un agente del Seprona.

Las diversas operaciones realizadas por la Guardia Civil en los últimos años no han evitado que esa zona continúe a pleno rendimiento. “Hace unos meses dispararon incluso a un vigilante de Adif para que les dejara robar el cobre”, añaden fuentes de esta empresa pública.