Operación Unesco

El Parlament cerró la X legislatura a ritmo de palmas. Los diputados, lejos de las disputas que suelen protagonizar, ofrecieron una imagen insólita acompañando rítmicamente —unos con más salero que otros— la rumba que tocaban un grupo de invitados desde la tribuna. Celebraban la declaración de soporte al proyecto de candidatura a la Rumba Catalana como patrimonio inmaterial de la Unesco. El primer paso de una carrera llena de obstáculos, que toda candidatura ha de pasar para ser reconocida como bien con valor universal excepcional. Pero la rumba no está sola. En la actualidad hay otros catorce bienes sobre la mesa que, en un grado u otro, aspiran a ingresar en este club del prestigio patrimonial.

El procedimiento para presentar una candidatura está regulado por un Decreto de junio de 2013. Cualquier persona o entidad puede pedirlo, tras lo cual es necesario un informe positivo del Consejo Asesor del Patrimonio cultural Catalán, seguido de una resolución favorable del consejero de Cultura. Con ellas, la candidatura ingresa en la Lista Indicativa Catalana —actualmente cuenta con nueve bienes— en la que la Generalitat solo puede inscribir un bien cada año. Antes del 30 de junio de cada año (este año excepcionalmente se ha alargado el plazo hasta el 30 de julio) la consejería presenta un bien al Ministerio de Cultura. El 3 de julio la Generalitat presentó la última candidatura: la Seu Vella de Lleida.

Pero ese reconocimiento hay que ganárselo a base de informes, comités de expertos y grupos de trabajo. “La Unesco restringe cada vez más los criterios para aprobar los proyectos, pidiendo mejores planes de gestión”, asegura Joan Pluma, Director General de Patrimonio de la Generalitat. Eso es lo que ha llevado a que haya proyectos estancados desde hace años. Es el caso de la candidatura de las Fortificaciones con baluarte de frontera y la del Itinerario cultural de la viña, en la lista indicativa catalana desde 1998; la de las Ignitas de dinosaurio de la Península desde 2002; la del Patrimonio histórico minero, desde 2007; o la de las Vías romanas, desde 2007. También está en espera desde 2002 el yacimiento de Empúries; el primer y único asentamiento con restos griegos de la Península Ibérica, sin que nadie la haya tenido en consideración. Desde la Dirección General de Patrimonio aseguran que se han iniciado estudios técnicos de todas las candidaturas presentadas junto a otras comunidades tras comprobar “que no se ha hecho ninguna gestión en relación a su impulso”. Las últimas en sumarse a esta lista indicativa son el Paisaje agrario del Priorato, Montsant, Siurana (en febrero de 2014) y la Portalada del Monasterio de Ripoll, que ingresó en la lista en enero de este año. Pero hay más. Entre los bienes que también luchan por el reconocimiento de la Unesco están el de la Cocina catalana que la Generalitat tramitó en 2013 al Ministerio pero que difícilmente llegará a buen puerto al chocar con los intereses de otra candidatura: la de la Cocina española por la que apuesta el Ministerio. La Fiesta de Reyes de Igualada también fue presentada en febrero de este año. En fase inicial están otros bienes, como las Iglesias románicas de Terrassa que solo han recibido el respaldo de las autoridades locales, mientras que la candidatura del Triángulo daliniano no se ha vuelto a saber nada desde que fue devuelta en 2013 a sus promotores para que completaran la información.

También hay candidaturas comunitarias entre países, como la de las Fiestas del fuego del solsticio de los Pirineos, que impulsan España, Francia y Andorra, pero que computa por Andorra, una fiesta que espera ser reconocida en noviembre en la reunión del Comité del Patrimonio Mundial que se celebrará en Namibia.

Pese a la avalancha de peticiones para alcanzar el top del patrimonio, Pluma, asegura “que no son más que en otras ocasiones”. En todo caso valora como “positivo y dinámico para el patrimonio catalán que no haya solo una iniciativa”. Para Pluma no hay duda de que “el mayor beneficio de una candidatura es el compromiso del promotor para garantizar la gestión del bien y su conservación”. Por eso, “todos los bienes están mejor conservados hoy que cuando fueron declarados”.

Sin embargo son muchos especialistas en patrimonio los que aseguran que se está bajando el listón; denuncian que no todo el patrimonio puede gozar de este reconocimiento y que habría que saber decir no a muchas solicitudes. “Da la sensación de que todo el mundo puede presentarse”, asegura el experto en turismo y patrimonio Manel Miró, que no duda que “este reconocimiento ha derivado en una cuestión turística más que en un compromiso por conservar en una marca que interesa a los municipios”. Para él, “la declaración no significa nada, es como las banderas azules que se ponen en las playas”, mientras defiende que este organismo debería de crear unos estándares de gestión y obligar a cumplirlos. Miró defiende que la decisión última de proteger de la Unesco “no es un dato objetivo, sino una decisión política y se ha perdido la oportunidad de declarar ejemplos de buena gestión de sitios patrimoniales. Dudo que los valores que cuenten sean estos”. Miró echa de menos las inspecciones periódicas y que la Unesco no haga seguimiento y valore cómo se gestionan estos sitios. “La Unesco jamás ha quitado un reconocimiento a un bien”, remacha.