La Generalitat planea legalizar las habitaciones turísticas

El Departamento de Empresa y Empleo está revisando el decreto que regula los apartamentos turísticos para permitir el alquiler de habitaciones en domicilios privados, una actividad que hasta ahora quedaba fuera de la normativa. La Generalitat propone que cualquier ciudadano pueda cobrar por alojar huéspedes siempre que sea “de forma esporádica” y estudia junto a la Agencia Tributaria que plataformas como Airbnb colaboren en la recaudación de la tasa turística.

El secretario de Empresa y Competitividad, Pere Torres, anunció ayer en la comisión del Parlament sobre economía colaborativa que el consejero, Felip Puig, ha encargado la revisión del decreto que regula las viviendas de uso turístico para solucionar “un punto débil” y permitir la oferta de habitaciones en domicilios habituales. “Consideramos que no supone una competencia significativa para otro tipo de alojamientos porque se dirigen a un segmento diferente”, aseguró Torres.

La Generalitat cree que la figura de las habitaciones turísticas es el único espacio en blanco de la regulación de pisos turísticos y que ha llegado la hora de cubrirlo. Cataluña fue la primera comunidad autónoma en diseñar una normativa para estos alojamientos, pero también la primera en la que se han registrado protestas contra ellos.

Un año después de que los vecinos de la Barceloneta declararan la guerra a los apartamentos turísticos, la noticia no ha sentado bien en el barrio. “Estos alojamientos traen tres problemas: especulación, inseguridad e incivismo. Que el dueño conviva con el turista solo evitaría este último. Y tampoco del todo, tengo un vecino que alquila habitaciones e incluso así me encuentro la ropa quemada con cenizas”, lamentó Sergio Arnás, uno de los portavoces vecinales.

Torres insistió en que se permitirá el alquiler siempre que sea “esporádico” e “intermitente” y que no constituya una actividad profesional. “Aquí encajaría la economía colaborativa”, añadió. Quienes quieran arrendar toda la vivienda no se librarán de tener que pedir una licencia. “Obtenerla es bastante fácil, a excepción de si se trata de Barcelona. En Cataluña ya hay 44.000”, aseguró.

Si hace un año Airbnb recibía una multa de 30.000 euros por publicitar apartamentos que carecían de permiso, hoy es visto como un posible aliado en el control de las habitaciones turísticas. Según explicó Torres, esta y las otras 17 plataformas similares que operan en Cataluña pueden ayudar a controlar y rastrear las transacciones económicas entre huéspedes y caseros, ya que estos últimos deberán hacer constar lo que ingresen de esta actividad en su declaración de la renta.

Los miembros de la comisión de estudio sobre economía colaborativa que lideran las secretarías de Empresa y de Infraestructuras —dependiente del Departamento de Territorio— abogaron ayer por no crear una ley que la regule sino encontrarle un encaje en la normativa existente. También insistió en diferenciar a las plataformas intermediadoras de la economía colaborativa en sí, que es ejercida por los ciudadanos. En este sentido, el titular de Infraestructuras, Ricard Font, aseguró que Uber no forma parte de este tipo de economía y Torres explicó que en el sector turístico “hemos de asumir que estas plataformas intercalan economía colaborativa con productos profesionales”.