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La juez Alaya imputa a 11 jefes de servicio de Formación

La magistrada les acusa de prevaricación, malversación y fraude de subvenciones

La juez Mercedes Alaya.
La juez Mercedes Alaya.

Mientras el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) decide si la juez Mercedes Alaya puede continuar con el caso de los ERE y con el de los cursos de formación, la magistrada sigue con su instrucción. Alaya ha imputado por delitos de prevaricación, malversación y fraude de subvenciones a 10 jefes de servicio de Formación de la Junta y los cita a declarar entre el 9 y 12 de junio. A esta lista, se suma una jefa de servicio de la Dirección General de Formación María Carril, a quien la magistrada no cita a declarar.

Según un auto fechado el 27 de mayo, la juez Alaya imputa a estos 11 cargos "por las graves deficiencias en el seguimiento de los cursos y en la justificación de las subvenciones, estando bajo su competencia tanto el departamento de planificación, como el de seguimiento y el de gestión económica". La juez considera que los imputados habrían permitido que en este último departamento "se confeccionaran los certificados por el que se acreditaban ante la Intervención que las subvenciones habían sido aplicadas a la finalidad para la que se concedieron, constando su cumplimiento y el correspondiente gasto total de la actividad subvencionada, certificado que liberaba el resto del importe de cada subvención". 

Por lo tanto, la instructora mantiene que los acusados "omitieron iniciar y continuar los correspondientes expedientes de reintegro, no recuperando así los caudales públicos comprometidos" y que confeccionaron las resoluciones de exoneración que permitieron que "multitud de empresas, sin justa causa, continuaron recibiendo el pago de subvenciones a pesar de tener múltiples subvenciones anteriores pendientes de justificar". La instructora siempre ha defendido que las exoneraciones dictadas por Empleo contravenían la Ley de Subvenciones, a pesar de que el Gobierno ha defendido su legalidad. Según un último atestado, la Guardia Civil elevó a 1.298 millones de euros la cantidad que el Gobierno andaluz habría concedido en ayudas a la formación entre los años 2002 y 2014 sin que se hayan justificado.

Junto a la imputación de estos 11 cargos, la magistrada también requiere una serie de actuaciones a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Entre otras, pide que se identifique a los secretarios provinciales y secretarios generales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y se determinen cuáles son sus funciones. Asimismo, reclama a los agentes información sobre las propuestas de reintegro, ya sean "total o parcial", de este tipo de subvenciones y que detallen "las fechas de inicio de los expedientes, estado en el que se encuentren y si en alguno de ellos hubiese caducado el derecho de reclamación por no haberse iniciado el correspondiente expediente". 

Alaya continúa instruyendo el caso de la formación mientras se dilata su salto a la Audiencia Provincial de Sevilla, ascenso concedido a principios de año. La juez ha pedido al TSJA una de las dos comisiones de servicio previstas para el Juzgado de Instrucción 6 para poder continuar con la investigación de los ERE, los cursos de formación y la causa de los avales a empresasAlaya ha realizado esta petición pese a que el TSJA ha dejado claro que el reparto de casos corresponde a la nueva titular del juzgado, María de Ángeles Núñez Bolaños, que tomará posesión en pocas semanas y a cuyo criterio los dos jueces en comisión de servicio deberán someterse.