Anulada la preferencia del catalán en las Diputaciones de Lleida y Girona

El Tribunal Supremo (TS) ha avalado la anulación de los artículos del reglamento de usos lingüísticos de las Diputaciones de Girona y Lleida que establecían la preferencia del catalán en sus comunicaciones y ha resaltado la necesidad de articular la "convivencia pacífica" de ambas lenguas oficiales. En sendas sentencias, el Supremo desestima los recursos que ambas corporaciones provinciales presentaron contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que anuló varios artículos de su reglamento de usos lingüísticos, que habían sido impugnados por la asociación Convivencia Cívica Catalana. Dichos artículos establecían la preferencia del catalán en las comunicaciones de las Diputaciones y que las notificaciones de la corporación debían ser en catalán excepto que el ciudadano solicitara expresamente su traducción al castellano.

Las Diputaciones de Girona y Lleida argumentaban en su recurso ante el Supremo que esta entidad denunciante carece de legitimidad para impugnar el reglamento de usos lingüísticos que habían aprobado en sus plenarios. El Supremo, sin embargo, reconoce que Convivencia Cívica tiene legitimidad para recurrir los artículos, alegando que "es un hecho notorio los problemas y debates que tanto en el marco legislativo como en el ejecutivo y en el judicial se han puesto de manifiesto en torno al cumplimiento en Cataluña de lo dispuesto en el artículo 3 de la Constitución, con el fin de articular una plena y pacífica convivencia de las lenguas castellana y catalana". "La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas en España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección", añade la sentencia.

El Supremo ratifica también la decisión del TSJC de negar la petición de Convivencia Cívica de anular otros artículos del reglamento de usos lingüísticos que aludían al uso del catalán en el ámbito exclusivamente interno de la corporación provincial. Los tribunales coinciden en que esta asociación sólo puede velar por los intereses de los derechos lingüísticos de la ciudadanía en general, pero no inmiscuirse en aspectos particulares internos de dichas instituciones.

Los reglamentos de usos lingüísticos de las Diputaciones de Girona y Lleida fueron aprobados en junio de 2010, después de que lo hiciera la Diputación de Barcelona, a la que el TSJC anuló también artículos similares referentes a la preferencia del catalán en las comunicaciones.