Wert quiere que el castellano supere el 25% en la escuela catalana

La cuestión lingüística en Cataluña siempre ha sido munición electoral. Y los comicios municipales y autonómicos que comienzan mañana no serán la excepción. La consejera de Enseñanza, Irene Rigau, confirmó ayer que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) aceptó un recurso del Ministerio de Educación contra la resolución que regula la matrícula escolar. El Gobierno del PP considera que no se dio opción a las familias para que, si lo deseaban, solicitaran educación también en castellano, contradiciendo lo que dice la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE). Además, por primera vez pone sobre la mesa la cifra de 25% de horas lectivas en español como “el mínimo indispensable” para asegurar el carácter de lengua vehicular.

El ministerio que preside José Ignacio Wert también pide como medida cautelar un tiempo adicional para que la propia Generalitat ahora consulte personalmente a las familias de los 1,5 millones de menores si quieren también educación en castellano. Rigau aseguró que la matrícula continuará como está programada, a la espera de la decisión judicial.

“Este es el ataque más frontal a nuestro modelo”, aseguró la consejera, que acusó al PP de querer buscar en los tribunales lo que no ha podido obtener a través de las mayorías sociales. A excepción del PP y de Ciutadans, todos los partidos del Parlament comparecieron conjuntamente para rechazar el recurso y calificarlo de electoralista. “Queremos mostrar la unidad para que se deje de utilizar políticamente a los alumnos”, explicó Anna Simó (ERC). “Esto no va de hablar bien catalán o castellano, sino de un modelo de cohesión social y civil, con una gran mayoría detrás”, añadió la socialista Rocío Martínez Sampere.

Pese a dar una ayuda de 6.000 euros, el Ministerio de Educación solo ha recibido 638 solicitudes para escolarizar en castellano. En Cataluña hay 1,5 millones de menores en edad escolar.

El recurso señala que Enseñanza desoye lo que establece la LOMCE al no poner la casilla para la educación en castellano en el formulario de preinscripción, una crítica que ya había sido hecha por los populares en el Parlament. El propio Wert aseguró ayer que “el recurso no pretende anular la matriculación que se ha hecho sino dar una posibilidad material a las familias que quieren que el castellano sea lengua vehicular”.

El texto, sin embargo, muestra un giro en los argumentos que el PP siempre ha reivindicado con respecto a la cuestión lingúística. Aparte de la libertad de elección, su caballo de batalla, ahora entra a cuestionar el fondo del sistema. Por primera vez habla de la proporción mínima de enseñanza en castellano en las aulas, un 25%. Una cifra que ya había fijado el TSJC en al menos cinco casos.

El Abogado del Estado razona que la Generalitat ha escogido un sistema de enseñanza de conjunción, no de opción, por lo cual ambas lenguas se debería usar en la misma proporción. Sin embargo, acepta que el catalán puede tener más peso en la escuela si aún no se ha normalizado su uso. Pide entonces que el Gobierno catalán fije un “objetivo de la normalización” y medirlo a través de encuestas. También acusa a la Generalitat de “no hacer uso de su potestad de fijar un porcentaje distinto” de enseñanza. “Como la Administración no la utiliza, debería aplicarse la regla general del 50%”, dice el recurso. La secretaria de Estado de Educación Montserrat Gomedio aseguró ayer que el sistema catalán de inmersión lingüística "en sí mismo no plantea ningún problema, pero se ha llevado al extremo".

La otra medida cautelar que pide el recurso es que a aquellos alumnos que en el nuevo periodo de prematrícula y pidan la utilización de castellano como lengua vehicular se les imparta un 25% de clases en ese idioma, el equivalente a una materia troncal.

El PP recurre al discurso lingüístico de Ciutadans

El PP catalán aprovechó ayer para sacar el tema del recurso, con fecha del 23 de abril pasado, en el pleno del Parlament. En un momento donde sus siglas están en horas bajas, según los sondeos, y Ciutadans se ofrece como una opción cercana para sus votantes, los populares intentaron dar un golpe de efecto recurriendo a un tema que fuera el que impulsó con fuerza al partido de Albert Rivera. Alicia Sanchez Camacho pidió para los niños catalanes “el mismo modelo multilingüe que los presidentes Artur Mas y José Montilla le dieron a sus hijos” y equiparó el trato al castellano en la escuela al de una “lengua extranjera”. Mas la acusó de “intentar cambiar Cataluña a través de los tribunales”.

Wert firmó en junio pasado un decreto que permite a las familias pedir ayudas para la escolarización privada en castellano cuando no hay oferta pública, descontando unos 6.000 euros por familia de las transferencias a la Generalitat. El Ministerio reveló ayer que hay 638 solicitudes en trámite. Rigau dice que son 60.

La decisión del Gobierno del PP de llevar la matricula a los tribunales, que ayer adelantó El Mundo, también produjo reacciones en la sociedad civil. La plataforma Somescola.cat, que agrupa a 43 entidades como CC OO, UGT y Ómnium Cultural, aseguró que el ministro ha “antepuesto su ideología a la calidad del proceso educativo”. La patronal de escuelas concertadas aseguró que el modelo catalán “va a evitar la segregación escolar y ha sido un factor decisivo de la cohesión social, avalado por las instituciones europeas y la sociedad catalana”.

El modelo de inmersión linguística que tiene Cataluña desde hace 30 años tiene la lengua cooficial, el catalán, como idioma principal y las materias de castellano y literatura española se imparten en la lengua oficial del Estado. A pesar de ello, los resultados de diferentes pruebas como las Evaluaciones General de Diagnóstico (EGD) de 2009 y 2010 muestran que los alumnos terminan su educación con un manejo correcto de ambos idiomas. La EGD de 2do de ESO se realizó en castellano en todo el Estado