Pilar Sánchez declara que no aprobó ni liquidó los cursos de formación

La exalcaldesa socialista de Jerez, Pilar Sánchez, ha vuelto a los juzgados. En la cita de este miércoles ha declarado como imputada por el caso Mercajerez, que investiga un supuesto fraude de 142.000 euros en el desarrollo de dos cursos de formación de la Junta, de panadería y carnicería, que se impartieron en 2011 en la sociedad mixta que presidió en calidad de regidora de la ciudad.

La declaración de la exmunícipe en los juzgados de instrucción de Cádiz ha durado 20 minutos. Sánchez, apartada ya del PSOE, ha declarado ante la magistrada que ni aprobó ni liquidó esos cursos para desempleados porque su presidencia en el ente se limitaba a asistir a los consejos de administración anuales, porque en el consejo en el que se concertaron los seminarios no estuvo presente, porque todas las competencias de la sociedad estaban delegadas en el gerente y porque cuando se liquidaron los programas de formación ya ni siquiera era alcaldesa.

“No sé si se hicieron bien las cosas, eso lo determinará la justicia, pero lo que sé es que yo no tengo nada que ver. Mi imputación es injusta e inmerecida. Se equivocaron de nombre y de rostro”, ha declarado a la salida de los juzgados. “A nadie le deseo el calvario que me están haciendo pasar por haber sido alcaldesa de Jerez. Está siendo muy duro”, ha apostillado. Sánchez está imputada en esta ocasión por fraude de subvenciones, falsedad documental y estafa. La jueza que lleva el caso analiza si se falseó documentación para la celebración de los dos programas formativos mencionados por los que la dirección provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) concedió a Mercajerez una ayuda de 142.695 euros.

La fiscalía no ha pedido medidas cautelares contra Sánchez y su abogado, Juan Pedro Cosano, ha solicitado el sobreseimiento del caso. Considera que de haber habido “alguna irregularidad” se cometió en el pago de los cursos, que se hizo una vez que su cliente dejó de ser alcaldesa y, por tanto, bajo la presidencia de la actual regidora de Jerez, María José García Pelayo (PP). Un argumento que reforzó Sánchez al declarar que el 80% de los cursos se gestionaron bajo el mandato de la actual presidenta de corporación. “Algo ha fallado y espero que se aclare cuanto antes”, añadió Sánchez.

Durante la jornada también ha declarado como imputado el gerente de la sociedad participada por el Ayuntamiento, Ángel Salazar, quien ha pormenorizado durante casi hora y media cómo se concertaron, desarrollaron y liquidaron las dos acciones de formación.

Esta es la cuarta causa judicial abierta contra Pilar Sánchez. Ya ha sido juzgada y absuelta por la contratación de cinco compañeros de partido como asesores y empleados laborales en el Ayuntamiento; ha sido condenada en primera instancia a dos años de prisión y al pago de una multa de ocho millones de euros por pagar nóminas en el Consistorio jerezano con fondos del Plan E; y ha sido condenada, también en primera instancia, a cuatro años y medio de cárcel por otorgar a una empresa una subvención irregular de 240.000 euros para que se instalara en el Parque Tecnológico Agroindustrial de la ciudad (PTA). La exalcaldesa está a la espera de las resoluciones de los recursos presentados en la Audiencia provincial de Cádiz y en el Tribunal Supremo.