Benavent grabó conversaciones comprometidas con cargos del Consell

El ex alto cargo de la Diputación de Valencia Marcos Benavent también grabó conversaciones comprometedoras con cargos de al menos dos consejerías de la Generalitat. Los diálogos constan en los archivos sonoros en poder del juzgado que investiga, bajo secreto de sumario, una supuesta red de cobro de comisiones a cambio de contratos públicos denunciada por la Fiscalía.

El espionaje de Benavent se extendió de este modo a las tres grandes Administraciones de Valencia, la Diputación, el Ayuntamiento de la capital y el Consell, además de tener ramificaciones en Consistorios más pequeños de la provincia.

Según consta en la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción en julio pasado por la diputada de Esquerra Unida Rosa Pérez, fue esta formación la que entregó al ministerio público las grabaciones que Benavent hizo durante largo tiempo en reuniones, comidas y visitas a sus colegas del Partido Popular valenciano. Las cintas acompañaron un escrito en el que Pérez relataba la existencia de una presunta red clientelar, apuntando a Benavent como referente de la misma.

En las más de 10 horas de grabación que contienen los archivos acumulados por Benavent, se escucha también a Emilio Llopis, jefe de gabinete del presidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Alfonso Rus.

Llopis es, al mismo tiempo, alcalde de Genovés, un municipio de menos de 3.000 habitantes que limita con Xàtiva, la población de la que es alcalde Rus, que también fue captado hablando en su propia casa. La Diputación de Valencia niega que sus cargos participasen en irregularidades. Y destaca que, además de abrir una investigación interna y aprobar una comisión de investigación en la asamblea provincial, en enero denunció en el juzgado a Benavent por presuntas irregularidades durante su etapa al frente de la principal empresa de la Diputación, Impulso Económico Local Sociedad Anónima (Imelsa). Benavent había dimitido del cargo poco antes, ocho años después de que Rus lo nombrase gerente, en 2007. La Generalitat acusó a la oposición de hacer una "campaña sucia" contra el PP.

La Fiscalía mantiene reservas sobre la validez de las conversaciones intervenidas debido a que éstas no fueron aportadas por su autor. Y está a la espera de que las cintas sean validadas o no por el magistrado instructor. Fuentes jurídicas recuerdan que las grabaciones efectuadas en secreto por José Luis Peñas, el exconcejal de Majadahonda que dio origen a la investigación del caso Gürtel al entregar al ministerio público 18 horas de conversaciones con Francisco Correa y otros miembros de su red, han sido avaladas en varias ocasiones por los jueces.

Fiscalía ha conducido la investigación al margen de las grabaciones para blindarla ante peticiones de nulidad

A pesar de ello, en el juicio sobre las adjudicaciones de Fitur a la trama Gürtel que empezó en marzo en el Tribunal Superior de Justicia valenciano antes de que los magistrados decidieran suspenderlo, los abogados de la defensa atacaron las grabaciones originales del caso, al considerar que se hicieron sin control judicial y violando sus derechos. Una estrategia similar a la de los acusados en el juicio del caso Terra Mítica que fueron grabados por los diputados socialistas José Camarasa y Antoni Such reconociendo corruptelas en la construcción del parque temático de Benidorm. Los acusados han alegado violación del derecho a la intimidad para solicitar la anulación de esa prueba.

Las dudas sobre la legalidad de las grabaciones de Benavent han llevado a la Fiscalía a conducir la investigación al margen de las grabaciones, según fuentes jurídicas, con el objetivo de blindar las pesquisas ante posibles peticiones de nulidad tanto de las cintas como de las averiguaciones realizadas a partir de ellas en aplicación de la conocida como teoría del fruto del árbol envenenado.

El seguimiento de la supuesta red de cobro de comisiones con base en la Diputación de Valencia ha corrido a cargo de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Fueron enviados desde Madrid para evitar filtraciones como las que, según fuentes judiciales, se produjeron aparentemente en otros procedimientos, como el caso Blasco.