El Parlament denunciará ante la Fiscalía al comisario jefe de la Udef

La comisión Pujol acordó ayer, por primera vez desde su constitución, iniciar los trámites para denunciar ante la fiscalía a un compareciente que ha desoído por dos ocasiones el llamamiento del Parlament. Se trata de Manuel Vázquez, comisario jefe de la Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional, que estaba citado y no acudió, al igual que hicieron Félix Sanz, director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y de Ignacio Cosidó, director general de la Policía.

El diputado de la CUP y presidente de la comisión, David Fernández, anunció que trasladará el caso a la Mesa de la cámara, “que ha de dar cuenta al Ministerio Fiscal” para esclarecer la responsabilidad penal que corresponda. Eso es lo que establece el artículo 59.3 del Reglamento del Parlament, aunque no se conocen precedentes de una denuncia similar.

El Estatut prevé la “obligatoriedad” de que las personas requeridas acudan a las comisiones de investigación y se remite a una ley que no se ha aprobado para fijar las sanciones por el incumplimiento. Por el contrario, el Código Penal sí tipifica como delito de desobediencia el hecho de no acudir a una comisión de investigación, incluso de los parlamentos autonómos, y establece penas de seis meses a dos años de suspensión de empleo o cargo público para los funcionarios públicos.

El alto cargo policial desoye por segunda vez la llamada de la comisión de investigación del Parlament

La incomparecencia del comisario jefe de la Udef ha tenido diversos precedentes en la comisión. Aparte de los ya citados, los ministros Jorge Fernández Díaz, Cristóbal Montoro y Jorge Moragas, jefe del gabinete de Mariano Rajoy tampoco acudieron el pasado 13 de abril. La comisión les ha vuelto a citar para el 5 de mayo. Lo mismo sucederá con el resto de personas que han desatendido el primer requerimiento. Los ministros y otros cargos del Gobierno esgrimen que el Consejo de Estado ha dictaminado que solo tienen obligación de acudir al Congreso o al Senado.

Quien sí acudió ayer por segunda vez a la comisión fue Joan Anton Sánchez Carreté, asesor fiscal de la familia de Jordi Pujol desde el año 1983. No respondió las preguntas más comprometidas referidas al expresidente de la Generalitat e invocó el secreto profesional y el derecho de defensa. Ocurrió cuando el diputado de ICV Marc Vidal le preguntó por la operación en la que Jordi Pujol se desprendió de un paquete de acciones de Banca Catalana en 1982 que la fiscalía consideró entonces delictiva. O cuando se le requirió sobre los detalles de la regularización que hicieron diversos miembros de la familia Pujol. “Usted quiere que yo cometa un delito”, replicó G. Mariné, el alias que tenía Sánchez Carreté cuando al inicio de la transición militaba en el Partido del Trabajo de España (PTE) y conoció a Pujol en la Assemblea de Catalunya.

Desde entonces hasta ahora ha guardado los secretos sobre la fiscalidad de la familia y aún sigue realizando la declaración de la renta o del patrimonio del expresidente. Sin embargo, ha sido condenado en sentencia firme en dos ocasiones por delito fiscal, pero nunca llegó a entrar en prisión. El Gobierno le indultó por la primera condena. Carreté dedicó ayer buena parte de las explicaciones en clamar por su inocencia y leer diversos artículos jurídicos para avalarlo.