“Si el proxeneta te tiene retenido el pasaporte, olvídate de la sanidad”

La mafia de los clubes de alterne trajo a M. de Brasil. Aquí se contagió de VIH y en una de las complicaciones que se precipitaron en tromba acabó ingresada en un hospital de A Coruña. Ahora, M. tiene pareja de hecho en Vigo y ha conseguido la tarjeta sanitaria, pero el centro médico no le perdona la deuda por aquella vez que la trató cuando era inmigrante sin papeles. El centro público insiste con sucesivas cartas en que tiene que pagarle 30.000 euros por los servicios prestados. “Es un auténtico acoso”, protesta Carmen Lago, presidenta de Faraxa, la ONG que relevó a Alecrín en el auxilio de víctimas de proxenetismo.

El programa de la Xunta no garantiza el derecho universal. Esta semana, la Rede Galega contra a Trata, que agrupa a nueve colectivos, se preguntaba en qué cambiaría la vida de los inmigrantes irregulares en la comunidad el reciente anuncio del ministro.

La Rede hacía hincapié en la situación de las víctimas de trata, expuestas a graves problemas de salud física (enfermedades contagiosas y de transmisión sexual, abortos bajo coacción) y mental, y muchas veces a malos tratos que nadie detecta desde el mismo instante en que son introducidas en el país.

En Galicia hay alrededor de 8.000 mujeres ejerciendo este oficio, la gran mayoría extranjeras, sobre todo de Brasil y Rumanía. Algunas no pueden salir de los clubes, o tienen el pasaporte retenido mientras no pagan su deuda. En general, van siendo traspasadas de local por los proxenetas y no llegan a estar más de un mes en un mismo lugar. El Programa Galego de Protección Social da Saúde Pública exige seis meses o 183 días de empadronamiento. Ellas no lo cumplen.

Con el certificado del padrón y otro de la embajada que demuestre que no tienen bienes ni siquiera fuera de España, muy difícil de lograr, una trabajadora social del centro de salud les otorgaría un documento en papel, equivalente a la tarjeta sanitaria, que deberá renovarse año a año. Pero además es imprescindible el NIE (Número de Identidad de Extranjero) o el pasaporte en el caso de las prostitutas no comunitarias. Y según Lago, acostumbrada a bregar con las trabas de las Administraciones para arreglarles la vida a estas mujeres, “en Extranjería a las rumanas pobres ya no se lo dan, ni siquiera un certificado de que se lo deniegan”. Y en el caso de las latinoamericanas o africanas todo depende del grado de esclavismo: “Si el proxeneta te tiene retenido el pasaporte, olvídate de la sanidad pública”, afirma.

Les queda siempre el recurso de las urgencias, que luego conminan a pagar pero por lo general atienden a todo el mundo. “Aunque todo depende del administrativo que esté en la ventanilla”, puntualiza la presidenta de Faraxa, que una vez vio cómo “se resistían a atender” en el Xeral de Vigo a “una víctima de trata que incluso iba acompañada por la Brigada de Extranjería”, y a otra chica que trabajaba en la calle, en la avenida de Beiramar, a la que finalmente operaron de urgencia “cuando se tiró al suelo por el dolor”. “Con la ley en la mano, te tienen que atender siempre”, defiende. De hecho, las enfermedades venéreas son prioritarias porque se consideran un riesgo para la salud pública. Pero después llegan facturas “por miles de euros”. La mayoría, según Lago, “las tiran a la basura porque ellas no pueden pagar”.