PNV y PSE demandan a Alfonso Alonso ante el Tribunal de Cuentas

Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Vitoria quieren mantener abierto el caso San Antonio ante las elecciones municipales de mayo. Los grupos municipales del PNV y el PSE-EE trasladaron ayer conjuntamente al Tribunal de Cuentas de España un escrito de personación para que se abra un juicio contable por la decisión del Ayuntamiento de Vitoria de alquilar unos locales en la calle San Antonio con resultado gravoso para las arcas públicas en 2007, cuando era alcalde de la ciudad el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso. Los portavoces de los dos partidos, el socialista Patxi Lazkoz y el peneuvista Gorka Urtaran, defendieron al unísono la necesidad de “llegar hasta el final” en el esclarecimiento de las responsabilidades de Alonso y su equipo, en el que se encontraba como concejal de Hacienda, el actual alcalde y candidato a la reelección, Javier Maroto.

PNV y PSE-EE siguen el camino que ya inició EH Bildu a finales del mes pasado para aclarar el contrato de alquiler, blindado por 20 años, con una renta superior al recomendado por los técnicos municipales y con una cláusula de actualización entre uno y 9 puntos por encima del IPC. Desde las filas populares la acción conjunta de socialistas y peneuvistas tiene objetivos electoralistas.

La concejala Leticia Comerón (PP) cree que solo la proximidad de las elecciones del 24 de mayo explica que “se hayan unido para arremeter una vez más” contra Maroto. Comerón difundió una nota en la que acusó a Urtaran, cabeza de lista del PNV al Ayuntamiento de Vitoria, de haberse convertido en un “clon de Lazcoz” y de hacer una campaña “tan sucia y negativa” como la que hizo en su día el exalcalde socialista.

“Un buen alcalde intentaría recuperar parte del dinero”, señaló Urtaran

Urtaran y Lazcoz destacaron que la delegada de cuentas del tribunal “no ha cambiado ni una coma” del informe de la instructora del caso, con lo que deducen que también ella percibe “indicios suficientes de que hay una responsabilidad contable, al margen de las políticas”.

El Tribunal de Cuentas impuso el pasado 5 de marzo de manera cautelar una fianza de casi medio millón de euros a Alonso y al resto de su equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Vitoria para hacer frente a la responsabilidad contable que causo perjuicio económico a las arcas municipales. Maroto anunció que no recurrirían y pagarían de su bolsillo la fianza para evitar que el caso San Antonio no se resolviera antes de las elecciones municipales.

Tras las iniciativas de los grupos de la oposición queda por saber si actuará el Ministerio Fiscal porque el Ayuntamiento, que también podría personarse, no tiene intención de hacerlo.

Urtaran dijo que, en su opinión, “un buen alcalde solicitaría la apertura de juicio e intentaría recuperar al menos parte del dinero de ese alquiler gravoso”. El portavoz socialista emplazó a Maroto a que dé la orden de que el Ayuntamiento se persone en el proceso abierto en torno a un “contrato absurdo y absolutamente oneroso” para “demostrar que pone a Vitoria por delante de su partido y de su patrimonio”.

EH Bildu recordó que se personó para exigir la depuración de responsabilidades en la firma de un contrato de alquiler que supuso un “claro beneficio del interés privado”.