La Guardia Civil acusa a los excargos de urdir un plan para infringir la ley

La Guardia Civil acusa a los 16 ex altos cargos detenidos en el caso de los cursos de formación de urdir un plan para mantener un sistema de ayudas millonarias, que según los investigadores, quebró de manera sistemática la ley. La tesis acusatoria estima que existió una coordinación entre la cúpula de la Consejería de Empleo y sus delegados provinciales para evitar la vigilancia de los fondos, favorecer sobremanera a ciertos empresarios y exonerarles de presentar las justificaciones de gastos. “Los órganos gestores, lejos de constituir algo inerte, por ausencia de recursos, mantenían una actitud proactiva y concertada con el fin de mantener el sistema irregular establecido”. Para apuntalar esta acusación, la juez Mercedes Alaya subraya que este supuesto pacto buscaba mantener “el clientelismo político”.

Dos días después de las elecciones andaluzas los agentes elaboraron un atestado con tono grave, pero sin correos electrónicos como pruebas que rubriquen sus tesis, plagadas de suposiciones. Los investigadores “infieren” que “la actuación concertada del Servicio Andaluz de Empleo en los dos niveles, central y provincial” propició una supuesta arbitrariedad en la concesión de las subvenciones para formación. “Lo que presupone una comunicación de estos [los delegados provinciales] con su Dirección General en relación con qué entidades era conveniente que resultasen exceptuadas”.

Los agentes destacan que Empleo no exigió el reintegro de fondos al dejar de examinarse las ayudas, por lo que sus responsables incumplieron la Ley General de Subvenciones. “Desde la Consejería de Empleo se conocerían y asumirían estos hechos” dada “la importancia capital” en la elaboración anual de los presupuestos. Como indicio, los agentes subrayan que la Junta cambió su política al respecto hace un año cuando trascendieron las investigaciones policiales. Como resultado de esta revisión que lleva a cabo un equipo de funcionarios, la Junta ha reclamado el reintegro de 161 millones incluidos en 139 expedientes de ayudas hasta el pasado noviembre. Eso sí, 108 millones corresponden a ayudas que recibió la Fundación pública Faffe —ya extinguida— y no a empresarios que falsearon información sobre determinados cursos subvencionados, como en otras ocasiones. Ahora la Junta estudia si los exresponsables de la Faffe incurrieron en responsabilidades administrativas y contables, según un informe de la Dirección General de Formación de hace un mes.

Frente a la tesis incriminatoria, la Junta defiende la legalidad de las exoneraciones que permitían a las empresas recibir nuevas subvenciones sin haber justificado las del año anterior. La pregunta es de quién partió la orden y de qué manera se decidió que era preferible seguir adelante con el río millonario de las ayudas de formación año tras año, sin destinar un cuerpo de funcionarios que vigilara todos los cursos y frenara la picaresca de los empresarios. Fuentes de Empleo rechazan esta supuesta concertación y argumentan que la decisión no fue suya, y que la negativa para ampliar el capítulo de personal destinado a la vigilancia partía de Hacienda. En cualquier caso, la segunda pregunta, de mayor relevancia aún, es si los políticos cometieron un delito ante esta falta de vigilancia.

Al margen de Alaya, otros 15 juzgados investigan cursos de formación, de mayor o menor volumen. Después de inhibirse un juzgado gaditano en favor de Alaya para que asumiera una investigación sobre ayudas del exconsejero y empresario Ángel Ojeda, la semana pasada el Juzgado de Instrucción 1 de Granada siguió sus pasos. El instructor Basilio Miguel García discrepa de la policía y la fiscalía, y cree que la investigación de los cursos en Granada debe ir “más allá” de los responsables provinciales para abarcar a los “superiores jerárquicos”.