Expedientados 24 grupos de empresas y sindicatos por el ‘caso Aneri’

La Comunidad de Madrid ha detectado irregularidades en los cursos de teleformación de 118 de las 150 asociaciones empresariales y sindicatos que ha auditado a raíz de la presunta trama de corrupción destapada por EL PAÍS y conocida como el caso Aneri. La trama habría estafado hasta 17 millones de euros de subvenciones de dinero de fondos estatales y regionales para formación: 5,5 millones corresponden a Madrid entre 2010 y 2013 (2,7 millones los habría defraudado José Luis Aneri).

El Ejecutivo autonómico dejó de

Veinticuatro casos de asociaciones son particularmente graves, y solo ocho superaron el examen de manera completamente satisfactoria, según la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, que dirige Ana Isabel Mariño. El Gobierno regional, que desde el ejercicio pasado no financia la teleformación, remitió la semana pasada los datos a la policía, ante la sospecha de fraude en algunos casos.

Los cursos online auditados, en un proceso que comenzó el pasado mayo y afectó a 40 plataformas de formación a distancia, corresponden a los realizados con subvenciones regionales otorgadas en 2011 y 2012 (los de 2013 aún están en proceso de justificación por parte de las entidades beneficiarias). Los cursos con algún tipo de tacha recibieron 12,5 millones de fondos públicos para formar a 32.000 alumnos. La Comunidad subraya que los estudiantes afectados son “aproximadamente el 10%”. “Eso no significa que no hayan realizado los cursos”, añaden en el Ejecutivo de Ignacio González (PP).

Por fechas, los cursos de formación revisados fueron dados por 43.000 alumnos. La mayoría de las deficiencias detectadas son de “carácter leve”, según el Ejecutivo autonómico, y darán lugar como mucho a un expediente administrativo. No es el caso de 23 asociaciones empresariales y un sindicato, donde los auditores no han podido comprobar si los cursos sospechosos, financiados con 3,1 millones, realmente fueron realizados por 9.000 alumnos.

Los responsables de las plataformas tecnológicas presentaron excusas como la imposibilidad de aportar datos por haber borrado la información de los alumnos y los cursos una vez realizados, o directamente se negaron a entregarlos, infringiendo la legislación. La Comunidad ha iniciado la apertura de expedientes y exigirá, además, que se devuelvan las subvenciones si las asociaciones en duda no son capaces de demostrar que los cursos se realizaron. La Ley General de Subvenciones tipifica como infracción muy grave “la resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de control”.

El Ejecutivo autonómico suprimió el año pasado las ayudas a la teleformación, después de que trascendiera un posible fraude en los expedientes de varias asociaciones empresariales. La Comunidad reclamó la devolución de las subvenciones mal utilizadas. La Consejería de Empleo impuso sanciones que incluyen el pago de hasta el triple de las cantidades no justificadas, así como la prohibición de recibir ayudas públicas en cinco años.

Tras suspender las ayudas a la teleformación, el Gobierno regional anunció en mayo del año pasado una auditoría de todos los servidores usados por las asociaciones y sindicatos. Este trabajo fue encargado a informáticos forenses. “Su trabajo equivale al de los peritos judiciales, es decir, se podrá emplear ante un tribunal en el caso de que fuera necesario tras tener constancia de fraude”, explicó hace casi un año Mariño en la Asamblea de Madrid.

Los casos más extremos que se encontraron los auditores durante el rastreo de las 40 plataformas de teleformación fueron la existencia de duplicidades de datos personales en los registros de alumnos, estudiantes que acumulaban un número anormalmente alto de cursos o cómo se habían inflado los tiempos de conexión de los aprendices. También se dieron otros más leves, que consistían en cuestiones técnicas que no exige la normativa. Por ejemplo, que no se registrase la dirección IP del alumno, lo que dará lugar a procesos administrativos en los que las entidades deberán devolver parte del dinero.

El pasado mes de julio el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dio la razón al Gobierno madrileño frente a la Asociación Profesional de Salas de Despiece, una de las 35 asociaciones que contrataron cursos online con Sinergia Empresarial, la empresa epicentro de la presunta trama corrupta organizada por Aneri. La sección octava de la Sala de lo contencioso-administrativo falló “la obligación de reintegro” de más de 187.000 euros a la Comunidad. Para el Ejecutivo autonómico, la decisión del tribunal conlleva un antecedente frente a la negativa a devolver las subvenciones para teleformación de muchas de las asociaciones que dieron cursos bajo sospecha.

De los 5,5 millones concedidos a las entidades relacionadas con la red de Aneri, la consejería de Empleo entiende que le deben devolver 3,9 millones. Mariño revocó las subvenciones desde septiembre de 2012, tras conocer la falta de justificación e irregularidades en la mayoría de los cursos.

Además de Aneri, los investigadores de la supuesta trama de corrupción otorgan un papel destacado a Alfonso Tezanos, expresidente de la Comisión de Formación de la Cámara de Comercio. Tezanos también desempeñó cargos en la patronal madrileña (CEIM) y tuvo responsabilidades en las organizaciones empresariales de comerciantes Fedecam y Cecoma.