La Xunta subcontrata por 72.000 euros la redacción de dos leyes

La Consellería de Medio Ambiente acaba de convocar un concurso público para subcontratar la redacción de dos nuevas leyes autonómicas, las que regularán la conservación de la naturaleza y la pesca fluvial. El departamento que dirige Ethel Vázquez está dispuesto a pagar un máximo de 72.000 euros a quien resulte adjudicatario del concurso, que además de elaborar el borrador inicial de ambos textos legales deberá asesorar al Gobierno gallego durante todo el procedimiento de aprobación parlamentaria de las normas. No es la primera vez que la Xunta subcontrata la redacción de leyes. Así lo hizo ya en 2010 con otra norma similar, la ley de caza, que entonces adjudicó a dedo por 48.380 euros a un bufete de abogados ligado a Xóvenes Agricultores.

La actual ley de conservación de la naturaleza data de 2001 y la de pesca fluvial de 1992. Desde entonces, argumenta el Gobierno gallego, se han dictado “nuevas normas en el ámbito comunitario y estatal que están incidiendo de una manera directa sobre la normativa autonómica”, por lo que considera necesario actualizar ambas leyes. Para justificar que la redacción de los nuevos textos no la realicen los propios funcionarios o cargos autonómicos ni el Parlamento de Galicia, donde radica en última instancia el poder legislativo, Medio Ambiente argumenta que “la elaboración de esta normativa requiere de un asesoramiento externo, requiriendo la colaboración de profesionales especializados que puedan aportar los elementos de juicio necesarios”.

Las condiciones del concurso público ahora convocado establecen que el equipo de trabajo debe estar compuesto al menos por un licenciado en derecho con experiencia mínima de tres años en la elaboración de reglamentos y disposiciones administrativas; otro licenciado en derecho con experiencia de dos años en cuestiones ambientales; y un ingeniero agroforestal, biólogo o veterinario con similar experiencia en planificación y gestión de recursos naturales. La Xunta prevé que el trabajo dure un máximo de 13 meses repartidos en tres fases: una primera de análisis jurídico-técnico del sector y obtención de datos, una segunda de elaboración de las propuestas normativas y una última de seguimiento y apoyo a la Dirección Xeral de Conservación da Natureza durante la tramitación del texto legal. Medio Ambiente contempla que pueda ser el propio contratista el que exponga los textos legales “en foros especializados” y deja en sus manos elaborar “un informe en el que se detallarán las valoraciones recibidas, las previsibles consecuencias de admitirlas o rechazarlas y, de ser el caso, su posible integración en el conjunto del proceso normativo”.

Tanto este como anteriores gobiernos ya han recurrido a asistencias externas para redactar normas legales, como la citada ley de caza por parte de la Consellería de Medio Rural en 2010. Aquel año también lo intentó la propia Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, dirigida entonces por Agustín Hernández, que convocó un concurso para redactar la ley que estaba llamada a crear un ente público ferroviario gallego. La Xunta ofrecía un máximo de 180.000 euros a cambio de un asesoramiento para el que preveía una duración de 22 meses. Al proceso se presentaron dos ofertas, pero la Xunta consideró que ninguna cumplía los requisitos necesarios y declaró desierto el concurso. El Gobierno gallego aparcó entonces todas sus iniciativas en materia ferroviaria.