El Gobierno ampliará el límite patrimonial para acceder a las AES
PNV, EH Bildu y el PSE impulsaron el cambio con la abstención del PP
![Pedro Gorospe](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F28e52baa-eda0-4a2c-b3f3-ed2fe2ca8c74.png?auth=8d6bbdc2e4a37c92c84b679628f1646b67d3a74f995f366f3a09b055680c5eb0&width=100&height=100&smart=true)
![Urkullu este jueves en el pleno del Parlamento vasco.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/2YEC3QMNFAJDQHC7CI6WVORMKE.jpg?auth=f81a93fb31abe8986682cc83c469a888cd73674ff3524db84abbbfacd32b64f0&width=414)
Las Ayudas de Emergencia Social (AES) van a dar un salto cuantitativo y cualitativo. El Parlamento aprobó este jueves ampliar los supuestos para acceder a las AES, aunque de forma genérica, sin precisarle al Gobierno hasta qué nivel de patrimonio.
Todos los partidos, salvo el PP que se abstuvo, instaron al Gobierno a que, en función de sus propios informes y de los de varias Organizaciones Sociales, corrija la normativa para adaptarse a las nuevas realidades y necesidades no cubiertas por las AES que conducen a padecer situaciones de pobreza y exclusión social.
En concreto le pidieron que modifique a lo largo de 2015 el decreto 4/2011 que regula las AES y que especifica que son acreedores del derecho a recibirlas quienes tienen, al margen del propio piso habitual, un patrimonio de 30.000 euros, —cuatro veces el valor de la renta básica de inclusión—, incluyendo desde todo tipo de propiedades inmobiliarias, ahorros, fondos o cualquier tipo de depósito.
Se trata de un acuerdo que amplia los derechos al abrir las AES a las personas que no cuenten “con liquidez para atender gastos específicos que preveano palien situaciones de exclusión social, así como las nuevas situaciones de pobreza no cubiertas”.
PNV, EH Bildu y PSE consensuaron el texto que impulsa la reforma para que las personas que no cuenten con liquidez para atender gastos específicos o paliar situaciones de exclusión y nuevas situaciones de pobreza no cubiertas, tengan acceso.
El PP no apoyó la iniciativa. El alcalde de Vitoria, Javier Maroto defendió que era mucho mejor modificar la normativa de la RGI, para convertirlo en un derecho subjetivo, y no en las AES, cuyos fondos se agotan habitualmente para mitad de año.
El PP pidió, en otra iniciativa que la oposición no creyó, que se reconocieran las ayudas a la conciliación laboral y familiar como derecho subjetivo y garantizar así por ley su cobro al margen de las disponibilidades presupuestarias. Lo defendió la presidenta del PP Arantza Quiroga, y sólo UPyD se subió a ese acuerdo. Nadie más les creyó. Quiroga argumentó que de esa manera no volverían a producirse retrasos en la percepción de la ayuda económica a las personas en excedencia o reducción de jornada para atender a niños o familiares dependientes. El PNV votó en contra y EH Bildu y PSE se abstuvieron.
Amaia Arregi, del PNV ha reprochado al PP que con sus iniciativas sociales “sólo busca el titular".
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