Las empresas aspiran a la mitad de los 6.809 millones del fondo Juncker

La Generalitat ha apostado fuerte por la presencia de la iniciativa privada en los proyectos que ha presentado al Ministerio de Economía como candidatos a recibir recursos del fondo Juncker, el mecanismo con el que la Unión Europea prevé impulsar la economía con una inyección de 315.000 millones de euros en iniciativas de diferente índole. En su propuesta inicial, pendiente de perfilar, los proyectos que dependen solo de empresas privadas o de la colaboración público-privada aspiran a obtener 3.303 millones de fondos comunitarios, el 48% de los 6.809 millones a los que aspira Cataluña. El porcentaje sería muy superior si la Generalitat no hubiera incluido actuaciones dependientes del Estado, como el corredor Mediterráneo o las inversiones en Rodalies, que podrían captar más de 2.000 millones.

Las infraestructuras del transporte copan buena parte de esos recursos demandados (el 41,4%) gracias a los grandes proyectos ferroviarios vinculados al corredor Mediterráneo, las líneas 9 y 10 del metro y la ampliación de la red de Ferrocarrils de la Generalitat. Se trata sobre de todo de proyectos que irán a cargo de los diferentes presupuestos de las Administraciones, pero en ese ámbito también se han colado proyectos de compañías como Telefónica y Vodafone para desarrollar redes de telecomunicaciones, lo que les permitiría captar 218 y 308 millones, respectivamente. Con actuaciones energéticas, Endesa podría rascar más de 750 millones de euros y la cifra de grandes grupos implicados se amplía a Indra, T-Systems o Applus, entre otros.

Herrera acusa a la Generalitat de apoyar el “capitalismo de amiguitos”

Algunos proyectos presentados por Telefónica y Vodafone chocan con los argumentos dados por el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, en el Parlamento, cuando sostuvo que el fin del fondo impulsado por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, era el de financiar proyectos de riesgo, que de otra forma contarían difícilmente con financiación. “Si se acaba simplemente dando una subvención a una inversión privada, que se habría producido en cualquier caso, pues, aparte de que eso no esté bien regalar subvenciones, no tendrá ningún efecto expansivo adicional”. Curiosamente, Telefónica tiene dos partidas que aspiran a un total de 190 millones de euros para extender su red de telefonía y de fibra óptica en Cataluña. Lo mismo sucede con Vodafone, que puede lograr 300 millones para desarrollar su red móvil. “La idea es que [el fondo Juncker] ha de ir a proyectos de inversión que el sector privado no podría hacer solo”, señaló el consejero.

La fórmula utilizada por la Generalitat para reclamar inversiones del plan Juncker en Cataluña contrasta enormemente con las demandas que CiU ha hecho las últimas semanas. Sin ir más lejos, el pasado 10 de febrero, el senador de CiU Salvador Sedó reclamaba en la Cámara alta que las prioridades de inversión se decidieran “conjuntamente” entre las comunidades autónomas, los antes locales y los “sectores socioeconómicos”. Recalcó que en la proposición de inversiones debían participar “conjuntamente las diferentes entidades”, lo que en su opinión permitía “buscar proyectos con más calidad”. Se trataba, dijo Sedó, de evitar que se acabe propiciando la puesta en marcha de proyectos no rentables como más red de alta velocidad ferroviaria.

El consejero admite que no ha habido un proceso de participación

El líder de Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, se pregunta qué ha quedado de las demandas de CiU en el documento de Mas Colell. “No han abierto ningún proceso de participación de las entidades, ni han llamado a los sindicatos, solo han canalizado las peticiones de las grandes empresas”. En su opinión, el Gobierno de CiU no ha hecho más que fomentar el “capitalismo de amiguitos” con una actuación “opaca y arbitraria”. “Hablan con las empresas amigas en lugar de dar prioridad los intereses generales de Cataluña; dicen defender la soberanía del país, pero defienden la soberanía de los intereses privados”, asegura.

El propio Mas-Colell admitió en sede parlamentaria el miércoles que no se ha hecho un proceso participativo como el que defendió CiU. “Efectivamente, no hubo una consulta generalizada porque no había tiempo, ni tampoco hubo con las empresas llamada alguna. Las compañías que tienen proyectos en esta lista de 185 planes son empresas que nos los enviaron porque desde Madrid se les dijo que nos lo enviaran”. Con todo, el consejero aseguró que esta lista “no es la de Cataluña”, sino una suerte de relación provisional de proyectos que se completará posteriormente.

La explicación técnica de Mas-Colell fue que el Gobierno central solicitó a la Generalitat un listado de posibles proyectos el pasado 7 de noviembre. El plazo para presentar la lista acababa el 13 de noviembre. En aquellas fechas el debate político en Cataluña, lejos de centrarse en el plan Juncker, estaba monopolizado por la consulta soberanista del 9-N. La Generalitat logró entonces una prórroga, de manera que no envió el listado hasta el 26 de noviembre. Con todo, desde entonces no se ha consultado a las organizaciones empresariales, acostumbradas a dar su opinión a la Generalitat.