Google traduce al castellano la causa judicial del 9-N

La traducción, al castellano, de una parte del sumario judicial abierto a raíz de la consulta del 9-N la ha hecho el traductor de Google. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dejado en manos de la popular herramienta una tarea que, habitualmente, desarrollan lingüistas profesionales reconocidos por los tribunales. UPyD –que ejerce la acusación popular en la causa- pidió que se tradujeran, al castellano, los recursos presentados por las defensas del presidente de la Generalitat, Artur Mas; de la vicepresidenta, Joana Ortega; y de la consejera de Educación, Irene Rigau. Los tres se opusieron, mediante recursos de súplica, a la decisión del TSJC de investigarles por organizar la consulta sobre la independencia del pasado 9 de noviembre.

“Yo el secretario constato que, utilizando el traductor Google Translate del que dispone esta Secretaría, se ha traducido el documento pedido por la parte. Paso a dar cuenta a la Sala. Doy fe”, consta en una breve diligencia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. La decisión de utilizar una herramienta informática ha sorprendido y ha hecho reír a los operadores jurídicos consultados (abogados, fiscales y, sobre todo, procuradores) por inédita.

La traducción automática de los recursos, aunque correcta en lo esencial, contiene errores y giros lingüísticos peculiares, y utiliza un lenguaje rígido, artificial. Hay frases enteras de lo más misteriosas: “No se dispone de esta poderosa herramienta [habla de la Constitución] para subsanar la imprevisión de los negligentes, menos aún cuando estos son quienes promovieron la suspensión de las actuaciones y tenían que ser, como parte solo · tante, los guardianes”, consta en la traducción del recurso presentado por la defensa de Artur Mas, que ejerce el penalista Xavier Melero.

La traducción de las palabras con (l·l) es el mayor obstáculo que ha tenido que afrontar el todopoderoso Google. La traducción está repleta de palabras en castellano con esa legra: “solo · icitado” por “sol·licitat”(pedido), “rebelde · lia” por “rebel·lia”(rebeldía) o “il · lima sala” por “il·lustríssima sala”. Los términos jurídicos tampoco están del todo bien resueltos: la actuación de Mas, señala un fragmento, “supondría el no acatamiento del mandato del TC que imponía una conducta de no hacer”; el auto judicial del TSJC, además, no “se recurre” en la versión castellana de Google, sino que “se recorre”(traducido por error del catalán recórrer, que sí se utiliza en el ámbito judicial).

La petición de UPyD, en cualquier caso, ha obligado a retrasar la decisión del tribunal, que ahora tendrá que dirimir si acepta o no los recursos de súplica. Todo apunta a que no lo hará y que confirmará la admisión a trámite de la querella elaborada por la Fiscalía General del Estado. La fiscalía, por su parte, ya ha expresado su oposición a los recursos y ha pedido, además, que se amplíe temporalmente la investigación sobre los hechos del 9-N.

Después de varias desavenencias, la fiscalía se querelló contra Mas, Ortega y Rigau por haber cometido, presuntamente, cuatro delitos a raíz de la organización del 9-N: desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones. El pasado diciembre, el TSJC decidió admitir a trámite “todas las denuncias y querellas” vinculadas a la desobediencia, así como “los hechos relacionados”. El pleno de la sala civil y penal del tribunal tomó la decisión por mayoría después de cuatro horas de deliberación. El magistrado Joan Manel Abril fue nombrado instructor de la causa.

La investigación no ha avanzado nada desde entonces. Las defensas de los dirigentes públicos presentaron recursos alegando que la celebración del 9-N no implica un delito de desobediencia porque la resolución del Tribunal Constitucional no contenía un “mandato expreso, concreto y determinante”. La fiscalía se opuso y otros, como UPyD, pidieron la traducción antes de posicionarse. Ahora el magistrado Abril deberá decidir si desestima los recursos y cita a declarar como imputados a los tres querellados.

Hace unos días, la nueva fiscal general, Consuelo Madrigal, asignó un nuevo fiscal como refuerzo para investigar los hechos del 9-N. Se trata de Emilio Sánchez Ulled, fiscal anticorrupción encargado, entre otros, de uno de los mayores escándalos de corrupción en Cataluña: el caso Palau. La Fiscalía tiene previsto solicitar, en las próximas semanas, nuevas diligencias de investigación.