Fiscalía dice que Hiriko fue un montaje para apropiarse de fondos públicos

Un montaje para apropiarse a manos llenas de dinero público. El Fiscal jefe de Vitoria, Josu Izagirre, afirma que los seis empresarios querellados en el 'caso Hiriko' y la asociación Afipayda, Jesús Echave, Fernando Achaerandio, Paco Calera, Iñigo Antía, José Luis Bengoetxea y José Barreira, no tenían experiencia ni infraestructura en la fabricación de automóviles, pese a lo cual idearon un plan para apropiarse de fondos públicos "en su propio beneficio". De esta forma, con el pretexto de poner en marcha el proyecto denominado 'Hiriko' (de coche eléctrico), crearon un entramado societario para una vez recibido el dinero público desviarlo entre la red de sociedades. Si el coche era un éxito, lograban las más que complicadas homologaciones y lo ponían en el mercado, ellos mismos capitalizarían el negocio y si, como sucedió después, fracasaban, no pasaba nada, porque todos los gastos procedían directamente de subvenciones, de fondos públicos. Un negocio redondo.

En el escrito, Izagirre formula la querella criminal por los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude a la Administración, fraude de subvenciones públicas, apropiación indebida y blanqueo de capitales contra los citados y "contra las personas físicas y jurídicas a las que se pudiera imputar responsabilidad penal a lo largo de la investigación judicial". El escrito, presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, señala que los querellados, idearon un plan para, conseguir distraer parte de dichos fondos públicos en su propio beneficio o de aquellas personas físicas o jurídicas que ellos decidiesen". 

El ministerio público destaca que, para la ejecución de este plan, "idearon, en primer lugar, la creación de un entramado societario que lo facilitase y que fueron posteriormente modificando conforme a las necesidades que surgían en su desarrollo". En este sentido, explica que la configuración y vicisitudes de dicho entramado societario respondían también a "otro propósito", de forma que, en caso de que el proyecto resultase "exitoso, todos los beneficios revertirían en los querellados o las personas físicas o jurídicas que ellos decidieran". Si fracasaba "las administraciones públicas, que financiaban prácticamente en exclusiva el proyecto, no podrían recuperar los fondos invertidos", asegura.