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La ‘ley Wert’ para estudiar más en castellano es inaplicable en Galicia

El Ministerio de Educación no puede pagar un colegio privado a las seis familias que lo solicitaron porque todos los centros enseñan en gallego

El decreto de la ley Wert que permite a las familias optar a una ayuda de en torno a 7.000 euros para escolarizar a sus hijos en el centro privado que elijan en el caso de que el público que les corresponde no garantice que reciben un “razonable” número de materias en castellano, no se puede aplicar en Galicia. El decreto del plurilingüismo, que obliga a impartir las materias en gallego y castellano, afecta por igual, al menos teóricamente, a centros públicos, concertados y privados. Pese a ello, media docena de alumnos las han solicitado.

El director de alta inspección de la delegación del Gobierno en Galicia, José Antonio Gay, ya avanza que se les denegarán. Ni siquiera podrían acceder a la ayuda (contemplada en el Real Decreto que desarrolla la Lomce) en el caso de que algún centro público incumpliese el decreto del plurilingüismo e impartiera pocas materias en castellano. “Si fuera así, que no lo es, tendría que intervenir la inspección y obligar al cumplimiento del decreto, con lo que tampoco se aplicaría en este caso la transitoria de la ley”, explica Gay.

El director de alta inspección en Galicia atribuye al desconocimiento —“aunque también hay algunos listillos”, precisa— el hecho de que se cursaran las seis peticiones de ayuda de alumnos para que la Administración les financiase todos los gastos de un centro privado. La oferta del Ministerio de Educación es atractiva económicamente: la Administración, explica Gay, no solo se hace cargo de la matrícula, sino que costea también los libros, el transporte, el uniforme y las actividades extraescolares. Todo.

Gay reconoce que la ayuda puede superar con holgura los 7.000 euros por alumno “ya que los precios varían y se puede elegir el centro que se quiera”. Y son las correspondientes Administraciones públicas las que asumen ese gasto a la carta en los centros privados: el ministerio detrae las cantidades que estos le cobran de las partidas asignadas a los departamentos de Educación de las autonomías.

Gay reconoce que se puso personalmente en contacto con las familias de los seis alumnos que pidieron la ayuda en Galicia para explicarles que no tenían derecho a ella y pedirles que dieran marcha atrás. Asegura que solo uno se mantuvo firme en continuar con el trámite, “aunque le vendrá denegada”, insiste aludiendo a lo “anecdótico” de las peticiones.

No lo ve así la presidenta de Galicia Bilingüe, Gloria Lago. Asegura que en cuanto se publicó esta transitoria de la ley, recibió decenas de consultas de familias, “a las que tuvimos que informar de que en Galicia no se puede”, que querían pedir la ayuda “porque en la práctica, no se cumple el decreto y en algunos centros públicos se imparte casi todo en gallego”, sostiene.

La presidenta de Galicia Bilingüe reconoce sin reparo que tiene “constancia” de que en algunos centros privados “se incumple el decreto y se imparten las materias solo en castellano”. Y pese a que asegura que mucha gente le pregunta por qué no lo denuncia, explica que no lo hará “mientras no perjudique a nadie, porque es una faena”. “Tampoco denunciamos, por la misma razón, a algún centro que sabemos que imparte todo en gallego”, aduce.

Galicia Bilingüe ha firmado con entidades de Cataluña contrarias a la inmersión lingüística un recurso contra este decreto de la Lomce. En el caso de Galicia, sostienen los firmantes que “aunque actualmente se puede estudiar alguna asignatura en castellano” —el 50% de las materias, según la legislación autonómica—, los alumnos “podrían verse afectados” si se produjera “algún cambio normativo” que primase la normalización lingüística.