El Gobierno retoma el proyecto de Las Aletas pese al rechazo ecologista

Otra vez a empezar. El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva reserva de suelo sobre parte de unas marismas de Puerto Real (Cádiz), donde los Gobiernos central y autonómico han diseñado un parque empresarial y logístico. Ambas Administraciones aspiran a generar hasta 18.000 puestos de trabajo con este proyecto. El lugar escogido es delicado, de ahí que haya necesitado un permiso expreso del Consejo de Ministros. Ocupa dominio público marítimo terrestre y, en la práctica, supone eliminar la protección de unos suelos afectados por la ley de Costas. Una medida similar se tomó en 2007 y fue tumbada por el Tribunal Supremo tras una denuncia del colectivo ecologista WWF. La asociación ya ha anunciado que recurrirá de nuevo lo que califican como un “atentado medioambiental”.

Las Aletas es un sueño que se está haciendo viejo en la Bahía de Cádiz. Se convirtió en pesadilla cuando en 2009, después del inicio de las obras, el Tribunal Supremo lo paralizó. Gobierno y Junta habían elegido este enclave en Puerto Real, algo antes de que estallara la crisis, por su situación geoestratégica: cerca del muelle de la Cabezuela, próxima a la vía del tren, a escasos kilómetros de la autopista hacia Sevilla y de la autovía hacia Algeciras y cercano al aeropuerto de Jerez. Entonces, la idea era desarrollar en estas marismas desecadas un enorme parque tecnológico, el segundo de Andalucía por detrás del de Málaga, que atrajese a empresas del sector logístico y consiguiese crear un volumen de empleo superior a los 10.000 trabajadores.

El varapalo del Supremo fue claro. Atendía la denuncia de WWF que había alertado de que los argumentos utilizados por el Gobierno y la Junta para incumplir la ley de Costas al ocupar zona protegida eran “claramente insuficientes”. El alto tribunal también lamentaba que no se hubiese hecho un estudio de varias alternativas. Desde entonces, Gobierno y Junta venían trabajando unidas, con algunos altibajos, para retomar el proyecto bajo un manto de unidad que se ha denominado “espíritu de las Aletas”. Es el espíritu que está detrás del nuevo acuerdo del Consejo de Ministros.

La asociación WWF recurrirá la obra por ser un “atentado medioambiental”

Dice el Gobierno que esta nueva reserva subsana varias de las demandas que hizo el Supremo. Se argumenta que Las Aletas es el único territorio adecuado para conseguir las finalidades del proyecto. Se fija un plazo temporal de duración de la reserva de 75 años. Se precisaban las obligaciones de restituir los suelos al estado anterior de la declaración de reserva cuando finalice su uso. Y la superficie se destinará, principalmente, a actividades logísticas portuarias y de transporte intermodal. El Consejo de Ministros también destaca que el nuevo proyecto dobla la zona reservada para zonas naturales, que pasa de 120 a 240 hectáreas, del total de 527.

La reserva no supone que el proyecto empiece a construirse de inmediato. La pelota la tiene ahora la Junta, que debe aprobar un nuevo planeamiento urbanístico. Pero mientras esa medida llega, los ecologistas vuelven a denunciar. “Tras revisar la nueva reserva, volvemos a recurrir ante los tribunales porque este proyecto es innecesario y tiene un alto impacto ecológico”, dice la director del departamento legal de WWF, Rita Rodríguez.

El colectivo niega la mayor a las Administraciones. “Es mentira que no existan otras alternativas. Las hay y no tendrían ese efecto tan negativo”, dice Rodríguez. “El volumen de mercancías que maneja el Puerto de Cádiz está en escala descendente. Compite con Huelva y Málaga y los tres tienen carácter deficitario, a pesar de que también han sido ampliados”, agrega. WWF recuerda que hay polígonos aledaños en Puerto Real, Chicana y El Puerto de Santa María con una ocupación inferior al 50%. “No podemos volver a los proyectos faraónicos del pasado”, defiende.

El Consorcio de Las Aletas, con 84 millones de euros en sus cuentas, ha gastado tres en sus siete años de funcionamiento, a pesar de que no ha podido iniciar las obras y tiene una plantilla actual de cuatro personas. Actualmente está participada por el Gobierno, la Junta, la Diputación y la Universidad de Cádiz. Pese a su potencial uso para actividades portuarias, de momento ha rechazado la inclusión en él de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. Y también ha pospuesto de forma continuada la petición de la Junta de Andalucía para que parte de esos 84 millones de euros almacenados en las cuentas del Consorcio sirvan para comprar los terrenos cercanos de la extinta fábrica de Delphi. Ni el llamado espíritu de consenso de Las Aletas ha servido para eso.