Multinacionales fijarán la tecnología que necesitan los hospitales públicos

Todas las decisiones sobre los aparatos de imagen y radioterapia con los que los médicos del Servizo Galego de Saúde (Sergas) diagnostican y tratan a los pacientes en los hospitales quedarán a partir de este año en manos de grandes multinacionales del sector. La Consellería de Sanidade privatizará la gestión de esta tecnología con una modalidad de contratación poco frecuente bautizada como “diálogo competitivo”, en la que la Administración redacta las condiciones del encargo atendiendo a las propuestas de las propias compañías que aspiran a quedarse con el negocio. El presupuesto de salida es de 88 millones de euros por ocho años, pero, tal y como recoge la convocatoria, esa apertura de la Xunta a los planteamientos de las cinco firmas aspirantes al contrato permite que tanto el dinero como el plazo de tiempo pueda subir sin que se marque un techo claro.

Gigantes del sector tomarán el control absoluto de una infraestructura que incluye mamografías, resonancias, TAC o gammacámaras. Según los documentos del proceso, el Sergas le ha pedido a General Electrict Healthcare, Philips Ibérica, Siemens, Elekta Medical y Varian Medical Systems Ibérica que le digan cuál es la “solución más ventajosa” —sin aclarar para quién— que permita “cubrir la demanda de pruebas diagnósticas y procedimientos terapéuticos”, especificando los medios, el modelo de gestión y organización de su uso, la formación del personal que lo manejará, el mantenimiento, y la renovación y actualización de los equipos.

Sergas y empresas llevan meses reuniéndose para perfilar las necesidades de tecnología de los hospitales. El Consello de la Xunta acaba de dar luz verde a la fase final del diálogo competitivo, un sistema de contratación introducido en la legislación en 2007 por el Gobierno socialista de Zapatero. Antes del 30 de enero las compañías “invitadas” por la Xunta deberán presentar su oferta definitiva. Entre General Electric, Philips y Siemens se elegirá a un “socio tecnológico” para proveer aparatos de diagnóstico de imagen y medicina nuclear (primer lote) o de pruebas e intervención por imagen en cardiología (segundo lote). Elekta Medical y Varian Medical Systems se disputan el contrato de radioterapia (tercer lote), ya que estas firmas ostentan un duopolio mundial en estos equipos.

Para la oposición y la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública dejar el diseño del pedido en manos de los proveedores es un “despropósito”. Luisa Lores, activista por la sanidad pública y radióloga con 30 años de experiencia, alerta del peligro de que la industria instale máquinas con una potencia innecesaria —“va a haber un riesgo para los pacientes, que estarán más radiados y sobrediagnosticados”— o insuficientemente probadas. Y critica que la Administración combine los recortes en unos ámbitos con el despilfarro en otros. “Van a gastar millones de euros, por ejemplo, en máquinas para diagnosticar tempranamente una enfermedad para la que no hay tratamiento como el Alzheimer mientras dejan tirados a los enfermos en las casas sin asistencia alegando que no hay dinero”, opina la coautora del libro La salud como negocio, quien apela a un informe del Consello de Contas que demostró que “cuanto más privatizada está la tecnología sanitaria, más se usa”.

Esta forma de gestionar la alta tecnología que va a implantar la Xunta de Feijóo, una variante de la colaboración público-privada en sanidad que el PP exprimió al máximo en Madrid y Valencia, responde a una demanda del sector, asustado en los últimos años por el desplome en un 50% de las compras que le hace la Administración. Baleares, Murcia y Cataluña estrenaron en 2010 la fórmula a la que se apunta ahora Galicia.

Desde la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) aplauden que la Xunta inyecte tanto dinero en renovar las máquinas del Sergas y privatizar su gestión y piden que la inversión se extienda a todos los tipos de aparatos. Lo que cuestiona esta asociación empresarial es que se haya elegido una fórmula de contratación que deja fuera a las pymes. Son “lotes demasiado grandes” y el diálogo competitivo restringe la concurrencia a las multinacionales, explica Carlos Sisternas. El directivo de Fenin considera que este tipo de licitación conlleva riesgos, ya que se exige que las multinacionales invitadas no intercambien ningún tipo de información de sus propuestas a la Administración, una confidencialidad de complicado cumplimiento: “Si hay confidencialidad y una empresa no le cuenta nada a la otra, perfecto. Pero por la proximidad de los actores, esta fórmula es proclive a una aplicación inadecuada”.

Sanidade ha declinado el ofrecimiento de este periódico para explicar esta adjudicación. El entonces director de Recursos Económicos del Sergas Pablo Torres, que dejó el cargo este verano, sí disertó en marzo sobre el proceso en un foro del Club Gertech —una asociación de “altos directivos sanitarios y tecnólogos de empresas e instituciones”— que se celebró en la Esade Business School de Madrid. Ante la pregunta de un asistente sobre quién fija en el diálogo competitivo la estimación de demanda que se va atender con la compra de tecnología a tan largo plazo, Torres desveló que ese ha sido uno de los puntos calientes de las reuniones del Sergas con las empresas, unos encuentros en los que, según su exposición, representantes de diferentes áreas de la sanidad pública defienden por separado sus planteamientos en presencia de la industria. Así lo explicaba Torres: “El jefe de servicio puede decir 'yo creo que hacen falta 17 resonancias'. Y el de la industria dirá 19 o 20. Pero a lo mejor el servicio central de la parte asistencial dice [al jefe de servicio]: 'tú tienes una frecuentación que multiplica por dos la de los demás hospitales; acomoda la demanda y no pongas máquina para satisfacerla'. Hay negociación. Es el trámite bueno para poder cambiar el modelo”.