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Merma la cosecha y crecen los robos de aceituna

Los hurtos en explotaciones olivareras aumentan en una campaña corta

Recogida de aceituna en la campiña sur de Córdoba. Ampliar foto
Recogida de aceituna en la campiña sur de Córdoba.

La Guardia Civil detuvo la semana pasada a tres personas de nacionalidad rumana por el robo de 46 toneladas de aceituna en una explotación olivarera de Estepa (Sevilla). Ha sido la última operación de relevancia que las fuerzas de seguridad han llevado a cabo en el campo andaluz, donde han proliferado los hurtos desde el inicio de la crisis.

El olivar es el principal foco delictivo en la agricultura andaluza en las últimas semanas. A pesar del descenso medio del 60% de la cosecha, los robos de aceituna han crecido con respecto a otros años. El caso más significativo es la provincia de Jaén, donde ya se ha denunciado la sustracción de unas 150 toneladas de aceituna, más de la mitad en este mes de enero. Es decir, los actos delictivos se han disparado coincidiendo con el final de la campaña de recolección. El Gobierno, que había aprobado para el 1 de marzo el inicio de la rebusca (donde se recoge la aceituna sobrante, con la autorización expresa del propietario de las fincas), ha tenido que corregir su previsión y ha adelantado esta actividad agrícola a mañana lunes 26 de enero.

El Gobierno asegura que se recupera el 40% de lo sustraído en el campo

“Parece que hay personas que han ido a rebuscar antes de que se pudiera hacer oficialmente”, ha admitido el subdelegado del Gobierno en Jaén, Juan Lillo. Y es que el 12% de la aceituna robada ya se encontraba recogida y metida en sacos, lo que facilitaba la labor de los ladrones. En Jaén preocupa el repunte de estos hurtos, máxime en una campaña donde el Gobierno ha reforzado la vigilancia en el campo con los equipos ROCA (acrónimo de robos en el campo). Los datos son aún más preocupantes en comparación con la campaña 2013-2014 en la que, con una cosecha récord, se presentaron 170 denuncias por la desaparición de 340.000 kilos de aceituna. En esta campaña ya se han cursado 120 denuncias.

También en Jaén, la Guardia Civil ha realizado en 2015 medio centenar de detenciones por este tipo de robos. Son personas que no se limitan solo al hurto, sino que luego intentan vender la aceituna de forma ilegal. Es lo que ha ocurrido con los detenidos la última semana en Estepa. Cuando los agentes les solicitaron el documento de autorización para el transporte se detectó que los datos que figuraban en el apartado de la procedencia no correspondían a ninguna explotación agrícola sino a una parcela de un polígono industrial del municipio sevillano. Además, ni la persona que figuraba como titular estaba inscrita en el padrón municipal ni el domicilio que constaba era el que había acreditado. Finalmente, la Guardia Civil les incautó la aceituna sustraída, que tenía un valor de 18.362 euros.

La Delegación del Gobierno en Andalucía destaca, no obstante, la eficacia de las fuerzas de seguridad en este tipo de robos. Así, en Jaén, se ha recuperado el 40% de lo sustraído. Y en Granada, donde el año pasado se robaron 76.000 kilos de aceituna, también se recuperó el 42%. Este año, la Inspección de Trabajo está llevando a cabo controles exhaustivos en las cooperativas donde se entrega la aceituna con el fin de cotejar la producción declarada por los titulares de las fincas con las peonadas que se necesitarían para esa recolección. “Si alguien coge 20.000 kilos y luego declara tres jornales, habrá que decirle que diga dónde están esos jornaleros para contratarlos también”, ironizó el subdelegado del Gobierno en Jaén en alusión a esta campaña de control del fraude.

En Jaén, casi la mitad de los hurtos se han hecho tras finalizar la campaña 

Un dispositivo que desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) se califica como desproporcionado. “La Subdelegación lo único que hace es criminalizar y perseguir el hambre que existe en nuestro pueblos y que ellos no quieren ver”, indicó el sindicato en un comunicado. El SAT ha criticado también la tardanza del Gobierno en autorizar la rebusca, lo que ha provocado que “millones de kilos de aceituna se hayan perdido” tras las últimas heladas.

Las organizaciones agrarias y los sindicatos lamentan la lentitud de la Justicia en actuar contra los robos en el campo. Uno de los casos más paradigmáticos es la llamada operación Cisterna. En 2007, la Guardia Civil detuvo a 18 personas acusadas de una oleada de robos de aceite en varias almazaras andaluzas y en depósitos del Patrimonio Comunal Olivarero, aceite que luego trasladaban en cisternas a Italia para su venta. Pues bien, ocho años después aún está pendiente el juicio, aunque ya se sabe que solo se sentará en el banquillo uno de los 18 detenidos inicialmente, y tampoco lo hará acusado de robo sino por receptación.

Penas más duras

La última reforma del Código Penal —pendiente de tramitación en el Senado— trae consigo el endurecimiento de las penas por robos en las explotaciones agrarias. Lo más relevante es el cambio de tipificación, pues los hurtos pasan a ser considerados delitos leves en vez de faltas, además de la agravación del delito de receptación y la multirreincidencia. Por primera vez en la legislación penal española se incorpora un delito de hurto agravado, sancionado con una pena de uno a tres años de prisión, para la sustracción de productos agrarios o ganaderos, o de los instrumentos o medios que se utilizan en su obtención.

Asimismo, se considera también como delito de hurto agravado, sancionado con la misma pena, la sustracción de conducciones, cableado, o equipos de suministro eléctrico, de hidrocarburos o de telecomunicaciones. También se agrava el delito de receptación, es decir la compra de bienes robados. La patronal agraria Asaja ha valorado estos cambios normativos, muchos de ellos demandados por la propia organización. “Entendemos que los hurtos y robos en las explotaciones agrarias están directamente relacionados con las compra-ventas ilícitas de los productos sustraídos, por lo que se considera muy positiva la incorporación de esta medida que está sancionada con una pena de uno a tres años de prisión”, indicó Asaja en un comunicado.