El Consorcio responsabiliza a los anteriores gestores del revés jurídico

El Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK), controlado por Bildu, ha vuelto a responsabilizar hoy a los anteriores gestores del organismo y en concreto a su expresidente, Carlos Ormazabal (PNV), de que los guipuzcoanos paguen 670.000 euros al mes por unos créditos para la construcción de la planta incineradora de Zubieta, a pesar de que la coalición soberanista fue quien descartó la infraestructura. 

La actual presidenta de GHK, Ainhoa Intxaurrandieta, ha defendido que el fallo conocido ayer, por el cual el Juzgado número 4 de Primera Instancia de San Sebastián desestimaba la denuncia interpuesta por el organismo contra los bancos con los que se suscribieron los créditos swap, para cubrir las variaciones de los tipos de interés, "bendice el carácter especulativo" de estos productos financieros.

La conveniencia de haber firmado o no esos créditos ha protagonizado el cruce de críticas entre GHK y el PNV y el PSE, los dos principales partidos de la oposición, y defensores de la construcción de la planta para dar respuesta al problema de la gestión de residuos de la provincia. El fallo recoge que eran los productos "más adecuados" y toma por válidos los argumentos esgrimidos por los peritos de La Caixa y Banesto, es decir, que si los swaps se convirtieron en especulativos responde a que se decidió paralizar la construcción de la planta. El fallo además recoge que el "riesgo político" de decidir no levantar la incineradora no puede ser achacable a las entidades bancarias.

Intxaurrandieta ha explicado que todavía no se ha tomado una decisión sobre si se recurrirá el fallo, ya que los abogados del Consorcio todavía lo estudian. "Casi todas las sentencias que han supuesto la ruptura de los contratos swaps se basaban en que no se informaba del coste de cancelación. En nuestro caso tampoco", ha defendido la presidenta de GHK, argumento desestimado por el fallo. "Los que aceptaron firmar y dejar a los guipuzcoanos ese pufo y atados de esa forma fueron los anteriores gestores", ha asegurado Intxaurrandieta.

El presidente de la Mancomunidad de San Markos, Denis Itxaso (PSE), por su parte, ha anunciado que pedirá al fiscal jefe del País Vasco, Juan Calparsoro, que reabra las diligencias de investigación archivadas provisionalmente por el Ministerio Público por si la decisión de paralizar la planta y la consecuencia de hacer frente a unos créditos que pueden ascender a 68 millones de euros a pesar de no construir la infraestructura pueden suponer un delito de prevaricación y malversación de caudales.

Itxaso ha especificado en este sentido que GHK contaba con informes técnicos, jurídicos y financieros que desaconsejaban paralizar la planta. El presidente de San Markos además ha emplazado al Consorcio a que recurra el fallo por el impacto económico en las arcas públicas que puede tener la sentencia.

El PNV ha señalado que Bildu era consciente de las consecuencias económicas que suponía la decisión de no construir la incineradora. El anterior presidente de GHK, Ormazabal, quien ha comparecido acompañado de la juntera del PNV Maider Arrizabalaga ha precisado que el fallo judicial "ratifica" que la actuación de los anteriores gestores fue correcta y que los productos contratados "eran los únicos que cumplían las condiciones del Banco Europeo de Inversiones", entidad que financiaba el grueso del presupuesto de la infraestructura.