Una juez investiga la propiedad de la Mezquita de Córdoba

El Juzgado de Instrucción 1 de Córdoba ha admitido a trámite la denuncia que en octubre presentó Carlos Baquerín, concejal de Unión Cordobesa —el partido de Rafael Gómez, Sandokán—, contra diversas inmatriculaciones —inscripciones en el registro de la propiedad— que la Diócesis de Córdoba ha hecho en la ciudad, entre ellas la de la Mezquita-Catedral. En un auto de citación, dentro de las diligencias previas abiertas, se le pide a Baquerín que se persone en este juzgado para declarar el 20 de enero.

En su denuncia, de siete folios, Baquerín concluye que la Diócesis de Córdoba desde hace años ha procedido a inmatricular en beneficio propio bienes inmuebles al amparo de los distintos privilegios que le otorga el artículo 206 de la Ley Hipotecaria. Y que lo ha hecho mediante “la expedición de certificaciones del diocesano cuyo contenido literal no parece probable que resulte cierto y veraz en todos los casos señalados. Puede concurrir un presunto delito de falsedad documental”.

Baquerín pide al juzgado que mientras investiga el asunto adopte medidas cautelares “dada la gran alarma social generada y la inseguridad jurídica existente”. En concreto, solicita a la juez titular que “identifique el patrimonio inmatriculado de forma alevosa o ilegítima por la Diócesis de Córdoba y evitar así su posible alteración o enajenación a terceros de buena fe”. También pide que se le reclame a la Iglesia la “relación completa de bienes inmuebles inmatriculados” durante el periodo de tiempo que la juez o el fiscal “ consideren oportuno”.

La Diócesis de Córdoba, desde hace años, ha procedido a inmatricular distintos bienes que considera propios. Pero en su denuncia, Baquerín afirma que el hecho de que la Iglesia Católica tenga reconocida legalmente la capacidad de inmatricular bienes, “no significa en absoluto que pueda servirse de tal privilegio para intentar apropiarse de forma ilegítima y sórdida, de bienes que no le son propios, o que al menos es muy discutible que lo sean”. Para el concejal, bienes como la Mezquita “perfectamente pudieran ser de dominio público”.

El edil critica a la Iglesia por no haber tenido “la mínima intención de verificar” la titularidad de los inmuebles “antes de actuar, lo que hubiera permitido tomar constancia de que algunos de esos bienes constaban y constan en un inventario público y que efectivamente lo son, y que otros lo son también, aunque no consten”. Es el caso de distintos bienes que han sido inmatriculados como el Triunfo de San Rafael de la Puerta del Puente y a su plaza; la Iglesia de la Fuensanta, su plaza y el Pocito; o la Ermita del Socorro.

“Si se inmatricularon como propios a sabiendas de que no lo eran, es muy reprochable”, señala Baquerín, pero “si se hizo creyendo que lo eran, no resulta ético que no se observaran las mínimas reglas de lealtad institucional y de protección de los intereses de terceros”. Y en cualquier caso, termina, “si se ha tolerado o favorecido que se utilicen recursos públicos para su mantenimiento y mejora ocultando su inmatriculación, resulta social y jurídicamente inaceptable”.

El Cabildo de la Catedral de Córdoba afirmó este domingo que “toda la legislación internacional y nacional” avala que la titularidad de la Mezquita pertenece a la Iglesia Católica desde 1236 y recuerda que el Ministerio de Hacienda así lo afirmó en un informe publicado el pasado abril en el que “quedaba demostrado que la propiedad del monumento pertenece a la Iglesia”.

En un comunicado, el Cabildo aclaró que la inmatriculación del templo, producida en 2006, consiste en dar publicidad a la titularidad de una propiedad que ya se posee, en este caso desde 1236, y que la inmatriculación no supone en ningún caso un cambio de propiedad o una “compra”, sino simplemente una notificación en el Registro de la Propiedad. Además, recuerda que hasta 1998 la Iglesia Católica, al igual que otras confesiones religiosas, no tenía reconocido el derecho de tener registradas sus propiedades.