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El Gobierno teme que las ‘vacaciones fiscales’ se adentren en la vía penal

Varios consejeros muestran su preocupación en círculos judiciales

El lehendakari, Iñigo Urkullu, en un reciente acto del Gobierno vasco que preside.
El lehendakari, Iñigo Urkullu, en un reciente acto del Gobierno vasco que preside. EFE

El Gobierno vasco no las tiene todas consigo. Aunque posiblemente su implicación en las decisiones que motivaron la multa de la UE por el retraso en recuperar las ayudas fiscales, las denominadas vacaciones fiscales —30 millones de euros— quedara en un segundo o tercer plano, el Ejecutivo que lidera Iñigo Urkullu teme que la demanda del sindicato mayoritario ELA, acabe en la vía penal, con tres querellas de la fiscalía en cada uno de los territorios vascos y la lupa enfocando a los cargos del PNV, en su caso, y a los del PP en Álava que ocuparon las Diputaciones aquellos años.

No tanto durante la década de los noventa cuando se diseñaron y concedieron las ayudas, sino a partir de 2001 y sobre todo 2006, cuando la UE las consideró ilegales y reclamó su inmediata recuperación, años en los que la multa tomó cuerpo.

Esa vía, que dejaría en manos de los juzgados provinciales la investigación de las causas que motivaron la sustanciosa multa, pero sobre todo el nombre y apellidos de los responsables últimos de aquellas decisiones políticas y jurídicas, abriría el inédito debate en Euskadi sobre las consecuencias penales de una mala gestión política de los recursos de los ciudadanos y de incumplir sistemáticamente unas resoluciones judiciales, en este caso de los tribunales europeos, y con plena consciencia —ya existía un preaviso de multa— del caracter gravoso para los contribuyentes.

Aunque lejos de ese concepto de corrupción en el que se busca el lucro individual o colectivo, si los ciudadanos son castigados por incumplir la normativa fiscal, civil o penal que emana de las normas legales, no parece el mejor ejemplo que las propias instituciones lo hagan y quienes tomaron las decisiones no adquieran ninguna responsabilidad. Y lo hicieran además a sabiendas de que la multa salía del presupuesto público.

Varios responsables del Gobierno han manifestado en círculos judiciales su preocupación por la deriva de la demanda de un sindicato, cuya base sociológica son los propios afiliados al PNV —el presidente Andoni Ortuzar se ha jactado en público de ser de ELA— que podría además eclosionar en las semanas anteriores a la campaña electoral de los comicios municipales y forales, en un contexto político revuelto y con unas encuestas que empiezan a visualizar el hartazgo de una buena parte de la sociedad, en este caso vasca.

Las fechas

1995. Las ayudas declaradas ilegales consistían entre otras, en créditos fiscales al 45% de las inversiones y la reducción decreciente de la base imponible durante cuatro ejercicios fiscales a empresas de reciente creación.

2001. La Comisión Europea (CE) declaró ese año ilegales las ayudas por ser incompatibles con el mercado común y ordenó su recuperación inmediata. Advirtió de que los eventuales recursos no suspendían la obligación de recuperar las ayudas.

2006. El Tribunal de Justicia de la UE dio la razón a la CE ese año y ratificó la obligación, sentenciada en 2001 de devolver las ayudas. En 2011 las diputaciones seguían sin cumplir esa obligación. Finalizaron en 2013, doce años después.

La fiscalía ya dispone de la documentación y de todos los informes solicitados en las primeras diligencias, y evalúa ahora la posibilidad de comenzar a llamar a declarar a algunos de los actores del caso, empezando por el equipo letrado y el secretario general del sindicato demandante, ELA, Txiki Muñoz.

Aunque el caso de las vacaciones fiscales encarna como ninguno el de representantes políticos que deciden incumplir varias sentencias judiciales, existen otros en Euskadi de decisiones políticas cuyas consecuencias acaban pagando todos los vascos. La fiscalía ha archivado provisionalmente el caso de los elevados costes de asegurar y no acometer la inversión prevista para el proyecto de la incineradora de Gipuzkoa.

La operación financiera que cerró el PNV la pasada legislatura, ha costado 8 millones en 2014 y el impacto total para las arcas públicas puede asecender a 68 millones, más los 13 que hubo que pagar a las empresas adjudicatarias tras paralizar la obra. Varias asociaciones ciudadanas estudian solicitar a la fiscalía la reapertura del caso.