La Junta revisa las políticas activas para intentar frenar el desempleo
El Gobierno central regula la designación de un “tutor” del parado El Ejecutivo andaluz discrepa de la vinculación de los fondos al éxito de la inserción
La tasa de desempleo andaluza ha pasado del 19,5% en verano de 2007 a más del 35% ahora, casi el doble. Ante esta situación, que evidencia la incapacidad para atajar el problema del paro de las actuales políticas activas de empleo —las medidas de formación y actuaciones para facilitar el acceso a un puesto de trabajo o a la creación de una empresa—, el consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, ha anunciado la evaluación de las mismas este año para su reforma. El Gobierno central ya ha establecido algunas premisas para las nuevas medidas, como la presencia de un “tutor” del parado o la vinculación de los fondos a los resultados.
El informe del Observatorio Económico de Andalucía elaborado por el investigador José Ignacio García Pérez, director de la cátedra BBVA de Análisis Económico de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, ya reclamó este pasado año que se suspendiera la aplicación de las medidas hasta la realización de “evaluaciones externas e independientes sobre su eficacia, su eficiencia y sus impactos”. Sánchez Maldonado ha recogido el guante y quiere comenzar esta tarea de inmediato y contar con el investigador que ha puesto en evidencia que un sistema ideado para facilitar el acceso a los puestos de trabajo y que arroja cifras de paro crecientes no puede perpetuarse.
El informe de García Pérez recomienda más incentivos y una mejor atención personalizada en la búsqueda de empleo. El Gobierno central coincide en esta propuesta y propone que los servicios de empleo autonómicos establezcan actuaciones concretas y acordes al demandante en su “Itinerario Personalizado de Inserción”. La elaboración de este perfil, su seguimiento, su adaptación y acreditación serán “responsabilidad de un tutor del servicio público, que también controlará el cumplimiento de las actuaciones que se determinen”.
Para esta medida, el Gobierno prevé la “participación de las agencias de colocación”, algo de lo que el Ejecutivo andaluz recela porque podrá ser una vía de privatización de la intermediación laboral.
También ha reclamado la Junta que se defina la figura del tutor para que sea uniforme en las comunidades, a lo que el Gobierno ha respondido que cada autonomía cuenta con absoluta libertad para elegir el sistema, sin excluir la participación de agencias privadas de colocación.
El informe del economista de la Universidad Pablo de Olavide sí considera oportuna esta colaboración, así como el “rediseño de las plantillas y los métodos de trabajo en el Servicio Andaluz de Empleo”.
El Gobierno también ha incluido este año un incremento del 25% en los recursos para políticas activas de empleo destinado a las comunidades autónomas, que también tendrán que completar la aportación a este capítulo con fondos propios. Pero hay una condición: “los resultados respecto de los objetivos anuales determinarán la financiación en ejercicios sucesivos”.
Ignacio García apuntaba también en este sentido en su informe, ya que defendía una renovación “completa” de los programas de formación —una de las principales políticas activas de empleo— y que estos se concedan de “manera competitiva a las instituciones y empresas que mejores resultados consigan en términos de inserción estable de los alumnos del mismo”.
La Junta cuestiona el sistema puesto que, del incremento de la partida para comunidades, el 40% irá a orientación y tutorización y el 60% estaría vinculado a los resultados del programa de inserción. La Junta quiere que se tengan en cuenta las dificultades de unas comunidades frente a otras para lograr la inserción laboral.
Ante el elevado desempleo juvenil, el Observatorio pidió reformar la formación profesional reglada y los programas de prácticas profesionales en empresas. También recomendaba que las subvenciones a la creación de empleo sean periódicas, evaluadas y limitadas a personas con formación para ejecutar los plantes y colectivos con especiales dificultades de reinserción laboral: parados de larga duración y mayores de 45 años.
Los economistas de esta entidad piden finalmente restringir al máximo las ayudas a instituciones públicas para la creación de empleo temporal, ya que las considera, “con diferencia, las medidas menos efectivas para mejorar las perspectivas de empleo de sus perceptores”.
El plan de choque invierte más de 330 millones
El plan de choque andaluz por el empleo ha superado ya los 330 millones de euros de inversión y, según la comisión de participación, de la que forman parte representantes de los empresarios y los sindicatos, ha generado o ayudado a mantener 21.751 empleos en Andalucía (16.520 de nueva creación).
El 34,6% de los puestos de trabajo creados ha sido asignado a parados de larga duración inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y el 53,1% tienen entre 36 y 50 años, colectivo en el que las potenciales cargas familiares son mayores.
Según la Junta, el impacto en el empleo está siendo superior al de una inversión media en la economía, ya que se estima que 400 millones generan alrededor de 7.638 empleos directos, indirectos e inducidos.
El plan contempla acciones dirigidas a mejoras de las infraestructuras educativas, a la mejora forestal y regeneración medioambiental y rural, y a la rehabilitación de viviendas.
De este programa se han beneficiado 688 municipios, en los que se concentra el 97% de la población andaluza. La distribución territorial de las actuaciones se ha efectuado en función de criterios como desempleo, población, paro de larga duración, necesidades de intervenciones en zonas forestales y caminos rurales y necesidades de infraestructuras educativas.
El sindicato CC OO valoró las políticas de estímulo siempre que vayan encaminadas a crear empleo de calidad. No obstante consideró que el plan de choque tiene algunas carencias que tendrían que corregirse.
En este sentido, CC OO consideró que le ha faltado “agilidad” en cuanto a su ejecución y que no ha habido un buen funcionamiento de las comisiones de seguimiento por falta de voluntad de la Administración.
“La participación de los agentes económicos y sociales ha quedado limitada a reuniones esporádicas sin calendarización y sin conclusiones claras”, afirmó el sindicato.
Para la organización el programa de choque es positivo porque contribuye a generar empleo, sobre todo en unos momentos de especial necesidad. Sin embargo, CC OO quiso rebajar “un poco” el tono triunfalista de la Junta. Tanto la comisión autonómica como las provinciales deben ser, según la organización sindical, instrumentos dinámicos que permitan hacer un seguimiento real y efectivo al desarrollo del plan, no solamente desde el punto de vista cualitativo, sino instrumentos activos para resolver carencias.
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