Dos de cada tres vascos cree que hay fraude en las ayudas sociales
Los ciudadanos critican la insuficiencia de controles en la RGI, aunque el 78% no está de acuerdo con que se recorten
![Eneko Ruiz Jiménez](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F994d5417-c2c9-462f-bb5e-8d6f61b1b2a7.png?auth=b657bb48a1c04e6da3526478739275a16b620064b1cd99dd8c4ce4de739f9ace&width=100&height=100&smart=true)
![Carmelo Garaitaonaindia, a la izquierda, y Francisco José Llera, en el acto del Euskobarometro.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/LPL25SI7KZEBLXWGF2PG54URZU.jpg?auth=1551146e1d6b368e30a6709339e27c04f6e78dbf5e906f57eca3bde060bd983a&width=414)
Dos de cada tres vascos piensan que existe fraude en las ayudas sociales, y pide un mayor control de las mismas. Pero, a pesar de los datos de desconfianza, hasta un 78% es contrario a solventar el problema con recortes en ayudas como la Renta de Garantía de Ingresos o la Ayuda de Emergencia Social (AES). La polémica abierta en Álava en torno a limitar y endurecer la RGI, dada por el Gobierno vasco para situaciones de pobreza extrema, ha llevado al segundo y último Euskobarómetro del 2014 a plantear el debate en una encuesta que muestra claramente que la ciudadanía vasca está abierta a una mayor apuesta por mejores prestaciones sociales.
El Euskobarómetro, diseñado a través de una muestra de 600 encuestas hechas a principios de noviembre, muestra que la principal preocupación de los vascos sigue siendo el paro (con un 59% mostrándola como la primera opción), pese a que baja en 13 puntos. Frente a dicha constante en tiempos de crisis, crece por primera vez de manera abultada la desconfianza en la situación política, que sube vez hasta el segundo puesto. Para algo más de la mitad de los encuestados (un 54%) el 2014 ha sido, aun así, un buen año en lo personal, si bien su percepción de la economía sigue siendo ampliamente pesimista o escéptica.
Valoración institucional
La protección de las ayudas sociales y el rechazo a los recortes, se refleja claramente también en la valoración a las principales instituciones, donde las únicas que aprueban son los nuevos movimientos sociales (15-M, Stop deshaucios...) con un 6,1 y las ONGs, con un 5,4. Le siguen Gobierno y Parlamento vasco, con un 4,6. El Gobierno central y el Senado son las peor parada, con un 1,4 de nota media.
Durante los siete años de la crisis, el bienestar se ha reducido hasta en 24 puntos porcentuales. Es verdad que el pesimismo y la desconfianza económica sigue siendo muy mayoritario en general, pero las expectativas en cuanto a las finanzas vascas mejoran levemente durante este semestre. De este modo, un 87% de los encuestados cree que la situación económica española es mala, pero el dato que se reduce a un 47% en la vasca. La inmensa mayoría frente a menos de la mitad. La conclusión no es halagüeña, dado que hasta un 84% de los vascos sigue notando los efectos de la crisis, solo reduciendo en cinco puntos en un año supuestamente bueno.
La mayoría de la ciudadanía vasca apuesta, asimismo, por pagar más impuestos para mejorar los servicios públicos y las ayudas recortados durante la crisis. Así, ocho de cada diez vascos no cree que la solución al fraude sea aplicar recortes en la duración o cuantía (de un mínimo de 616 euros) de ayudas como la RGI, como plantea el PP alavés, sino mayores controles.
La distinción política entre los que creen que hay fraude en las ayudas sociales es, sin embargo, bastante notable, desde el 74% de los abstencionistas y el 72% de los votantes de Podemos que piensan que en efecto existen, al 47% de los votantes de EH Bildu que lo plantean. Curiosamente entre los votantes del PP (el 70% piensa que las hay) y el partido de Gobierno, PNV (un 65%) no existe una diferencia tan amplia.
Pese a este rechazo a los recortes, la sociedad sigue siendo proclive a restringir y controlar más la entrada de inmigrantes, si bien la llegada de extranjeros se ha reducido durante el transcurso de la crisis. En cuanto al resto de disyuntivas en cuestiones sociales, los encuestados exigen respetar los derechos y libertades individuales, aun a costa de perder algo de seguridad, cuando son preguntados por la Ley de Seguridad Ciudadanía del Gobierno central. Están bastante concienciados además con el medio ambiente, por el que apuestan pese a que esto suponga un menor crecimiento económico.
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