La Junta pide al ministerio agilizar la regulación de los regadíos en Doñana

Las órdenes judiciales de cerrar de manera “cautelar e inmediata” los pozos de dos fincas ubicadas en Almonte (Huelva) ha propiciado que, por enésima vez, la problemática sobre el agua acapare el Consejo de Participación de Doñana. Con protesta y cruce de acusaciones incluidos. La consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, ha solicitado a la Conferencia Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) —dependiente del Ministerio de Medio Ambiente— que “agilice” la regulación de los regadíos al igual que la Junta “ha cumplido con su compromiso” de aprobar el plan especial de Ordenación de las Zonas de Regadíos al Norte de la Corona Forestal de Doñana. El presidente de la CHG, Manuel Romero, ha reprochado a Serrano que exija ahora inmediatez cuando el Gobierno andaluz ha tardado siete años en cerrar dicho documento.

El nuevo plan, aprobado el pasado martes en el Consejo de Gobierno, contempla la “clausura de captaciones subterráneas no regularizadas” y acota en 9.340 las hectáreas que se pueden destinar al regadío. Pero, para que se puedan cerrar estas captaciones es necesario un plan de trasvases ante la situación de déficit. “La ley de agua es complicada, pero el Gobierno va a seguir trabajando para poder traer a la comarca agua superficial”, ha apuntado Romero, quien ha destacado los avances en las obras del trasvase de 4,99 hectómetros cúbicos desde la cuenca atlántica al Condado así como el Plan Hidrológico del Guadalquivir, “aprobado con varios años de retraso” y que contempla un trasvase de 15 hectómetros cúbicos desde el sistema Chanza-Piedras a la demarcación del Guadalquivir. Sobre este asunto, María Jesús Serrano ha recordado que tanto la confederación como el ministerio son “los responsables de solicitar” a la Junta esa actuación.

Esta última propuesta fue una de las grandes reivindicaciones de los agricultores que se han concentrado, a las puertas de la sede donde se ha celebrado el Consejo de Participación de Doñana, en protesta por la orden judicial para cerrar pozos en la finca Matalagrana. “Huelva es muy rica en recursos hídricos y hay alternativas como la recogida de agua pluvial, la captación en zonas del acuífero que están en buen estado y el trasvase de 15 hectómetros cúbicos”, ha señalado el presidente de la Plataforma de Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva, Cristóbal Picón.

Los agricultores exigen soluciones ante las órdenes judiciales de cerrar pozos

Con pancartas bajo el lema ¡¡Agua ya!!, centenares de trabajadores han pedido que se paralizara la orden judicial ya que afecta a una zona donde no existe otra alternativa. “La orden provocará el cierre de una finca donde hay más de 8.000 personas trabajando porque no tienen otra vía para poder regar estos cultivos”, ha apuntado Picón. “Desde hace dos años ha habido varios resoluciones judiciales ordenando el cierre de pozos, pero esta es la primera que afecta a una zona donde no hay otra alternativa”, ha agregado. Asimismo, Picón ha alertado de que, como ha ocurrido después, a este auto se sumarían otros. Un juzgado de La Palma del Condado (Huelva) ha ordenado también cerrar pozos en la finca La Borrachuela.

Tanto Administraciones como agricultores han coincidido en señalar que estas resoluciones llegan en un mal momento. “Quizás este no era el mejor momento para ordenar este cierre, pero con la justicia no podemos discutir. Ha llegado en un momento malo, justo cuando se va a ordenar qué es regularizable o no”, ha señalado el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes. “Aunque no compartimos algunas decisiones judiciales, siempre la respetamos”, ha dicho Serrano. “El plan especial busca las herramientas oportunas, pero no legaliza estas hectáreas. No obstante, es rocambolesco que estos cierres se anuncien la misma semana que se aprueba el citado plan”, ha afirmado el portavoz de WWF en Doñana, Felipe Fuentelsaz.

Mientras se consigue una solución definitiva, los agricultores han pedido a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir una autorización en precario que, “viene contemplada en la ley”, para poder seguir trabajando. Romero ha descartado esta opción porque, ha asegurado, lo que hay que dar es “una solución definitiva”. Lo que si estudia la CHG es la posibilidad de otorgar concesiones a la finca Matalagrana.