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La fiscalía no ve delito en los tuits que igualan nazismo a independentismo

El fiscal destaca que la Constitución no impone "un modelo de democracia militante"

La fiscalía ha archivado la denuncia de varias entidades por una serie de tuits que equiparaban el independentismo con el nazismo, al entender que son "profundamente reprobables" pero no suponen una incitación directa a la violencia o la discriminación ni obedecen a una campaña organizada.

En su escrito, la fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona archiva la denuncia presentada por la Comisión de la Dignidad, la Asociación Catalana de Defensa de los Derechos Humanos y la Fundació Catalunya, que llevaron al ministerio público una recopilación de tuits con imágenes, caricaturas y fotomontajes que comparan el nazismo con personas que promueven la independencia. Los tuits son, para el fiscal, "profundamente reprobables", pero no encajan en el Código Penal porque "en modo alguno comportan una justificación del genocidio o un restablecimiento de regímenes o instituciones que lo amparen".

En opinión del ministerio público, en las expresiones denunciadas "se está expresando un parecer acerca de la actuación política de quienes defienden el independentismo o el proceso soberanista". El escrito subraya que, en los casos de duda, debe primar el derecho a la libertad de expresión e ideológica, puesto que constituye "una de las más acusadas señas de identidad de la sociedad democrática".

Ante la duda, debe primar el derecho a la libertad de expresión e ideológica,  que constituye "una de las más acusadas señas de identidad de la sociedad democrática"

El ministerio público considera que los tuits denunciados son "una suma simultánea, masiva, no concertada de mensajes individuales" en los que no se observa "una estructura mínimamente organizativa previamente concertada". Agrega que entre los autores de los tuits no figura "persona alguna que tenga la suficiente proyección o relevancia pública o liderazgo político o social para que sus mensajes puedan crear o difundir ese poder real de provocación a la violencia, el odio o la discriminación a la ciudadanía".

En su decreto de archivo, el fiscal también destaca que la Constitución española no impone "un modelo de democracia militante" y recuerda que la Decisión Marco de la Unión Europea relativa a la lucha contra el racismo y la xenofobia que los denunciantes invocan no es aplicable directamente al ordenamiento jurídico español, sino que precisa una "trasposición expresa" al código penal. A día de hoy, señala el ministerio público, el poder legislativo no ha efectuado esa trasposición, aunque existe un proyecto de ley de reforma del código penal que lo prevé. En un comunicado, las entidades denunciantes, impulsoras del manifiesto "Por la dignidad democrática ante la banalización del nazismo", aseguran que están estudiando llevar el caso a instancias europeas e internacionales y critican que el Estado no haya incluido en su ordenamiento jurídico la mencionada Decisión Marco.