Alaya rechaza que la Guardia Civil y la policía se coordinen en la formación

La juez Mercedes Alaya rechaza que la Guardia Civil y la policía se coordinen para investigar el caso de la formación. 18 juzgados andaluces analizan estos cursos subvencionados por la Junta y al menos nueve instructores mantienen a la policía investigando a sus órdenes. Sin embargo, la magistrada estima que es imposible la coordinación de ambos cuerpos policiales ya que “resulta absolutamente desaconsejable y por ende improcedente la intervención coordinada de ambos”, según refleja el último auto de su causa de la formación.

Hace un mes Alaya exigió a la policía que dejara de investigar los cursos para que la Guardia Civil llevara en solitario las pesquisas. Lo hizo en un polémico auto que soliviantó a los sindicatos policiales, ya que acusaba al cuerpo de “invadir ilegítimamente parcelas de la investigación que le son ajenas”. A continuación, Alaya rectificó y dictó un oficio para precisar a la Dirección General de la Policía que se abstuviera de avanzar en investigaciones que no estuvieran judicializadas. Como el fiscal no tuvo conocimiento de este oficio, recurrió el auto de Alaya por el que minusvaloraba la competencia de sus 18 compañeros jueces al dirigirse directamente a la policía.

Ahora, en su último auto, Alaya desestima el recurso del ministerio público y matiza que el oficio dirigido a la policía —del que no fue informado— ya indicaba que pedía a la policía apartarse de las investigaciones “que no estén judicializadas” para que le entregara las actuaciones vinculadas a su investigación. Fuentes policiales respondieron a la magistrada que el cuerpo investigaba en Andalucía siempre bajo órdenes de otros jueces. “Resulta una obviedad, que esta instructora no creyó necesario subrayar en el auto impugnado, que el cese ordenado de las actuaciones de la policía” no se referían a investigaciones competencia de cualquier otro juzgado, refleja el último auto dictado.

En su recurso, el fiscal Fernando Soto pidió a la juez que instara la coordinación de la policía y la Guardia Civil para las próximas actuaciones. Alaya rechaza de plano la idea y considera que en su investigación solo debe intervenir la Guardia Civil y que no son válidas las pesquisas de la policía, a pesar de que sus agentes han examinado ya numerosas ayudas concedidas por la Consejería de Empleo en las diferentes provincias. La juez estima que la coordinación policial perjudicaría la eficacia de sus pesquisas (“lo que verdaderamente importa”) y que la coincidencia de ambos cuerpos ya puso en riesgo la investigación al exconsejero de la Junta Ángel Ojeda, detenido por la policía el pasado agosto y cuyas diligencias han terminado en manos de Alaya tras inhibirse el instructor de Cádiz.