La Generalitat pedirá declarar en bloque si se admite la querella
Homs asegura que la Generalitat "se declara corresponsable de las decisiones tomadas"
El Gobierno de la Generalitat pedirá declarar en bloque ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) si finalmente se admite a trámite la querella presentada por la fiscalía contra Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, por la organización de la consulta soberanista del 9 de noviembre.
"El Gobierno catalán se declara solidario y corresponsable de todas las decisiones tomadas alrededor del 9-N", ha dicho este mediodía el portavoz de la Generalitat y consejero de la Presidencia, Francesc Homs, al término de la reunión semanal del Ejecutivo catalán en la que se ha adoptado la decisión de comparecer ante los tribunales.
La querella presentada por la Fiscalía General del Estado, en contra del criterio de la fiscalía de Cataluña, acusa a Mas, Ortega y Rigau de desobediencia, malversación de fondos públicos, prevaricación y usurpación de funciones. El TSJC nombró este lunes al magistrado José Francisco Valls Gombau para que estudie la querella y proponga su admisión o rechazo a la Sala de Adminisiones del tribunal catalán.
El anuncio realizado por el Gobierno catalán se produce después de diversas muestras de apoyo recibidas en los últimos días desde diversas opciones políticas, incluida la del expresidente de la Generalitat José Montilla, quien dijo el sábado que pediría comparecer a declarar como testigo ante el TSJC en favor de Artur Mas si prosperaba la querella.
Además de eso, el Parlamento de Cataluña aprobó el pasado día 14 una una moción de autoinculpación. En el texto se dice que la cámara “asume de forma solemne y colectiva todas las consecuencias que se pudieran derivar” de la celebración del 9-N. La autoinculpación se aprobó con los votos a favor del bloque soberanista (CiU, Esquerra, ICV-EUiA y la CUP), la abstención del PSC y la oposición de PP y Ciutadans.
La moción, presentada por la CUP, señala que el Parlament rechaza cualquier intento de exigir responsabilidades por la vía judicial en relación con la participación en el “proceso participativo” del 9-N. “Una línea de actuación del Gobierno de los populares de criminalización de las movilizaciones ciudadanas”,
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