Anticorrupción avala que Alaya investigue el caso de la formación

La Fiscalía Anticorrupción considera que la juez Mercedes Alaya es competente para investigar el caso de los cursos de formación. Según fuentes judiciales, el ministerio público se ha opuesto a la petición del Gobierno andaluz de apartar a la magistrada del procedimiento pues considera que Alaya actuó “correctamente” al admitir la denuncia del testigo clave de la macrocausa, el funcionario Teodoro Montes, en lugar de enviarla al decanato para su reparto. A finales del mes pasado, la Administración andaluza solicitó en un recurso la nulidad de actuaciones al estimar que la instructora podría haber infringido el derecho al juez natural predeterminado por ley. Además, acusaba a Alaya de haber convertido el caso en una “causa general”.

Ante el frente abierto entre la Administración y la juez, la fiscalía avala ahora que Alaya investigue el caso porque, en su opinión, “no se han vulnerado las normas de reparto”, informa Efe. El respaldo de Anticorrupción va más allá al asegurar que la magistrada actuó “correctamente” deduciendo testimonio e incoando diligencias tras recibir el oficio de la Guardia Civil con las declaraciones, en agosto de 2013, del jefe de departamento de Formación Profesional en Sevilla, quien denunciaba “graves irregularidades” en la concesión de cursos de formación. El ministerio público defiende además que el reparto de las causas judiciales es una “cuestión gubernativa” en la que no deben entrar las partes.

La decisión de la fiscalía choca con los argumentos dados en su escrito por la Junta. El gabinete jurídico del Gobierno andaluz considera que la declaración de Montes ante la Guardia Civil —que realizó después de que se lo indicaran en el juzgado de Alaya— “no se había practicado en el marco de ningunas diligencias previas”. Por ello, argumenta, la magistrada debía haber remitido la denuncia al Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla, que investiga al sindicato UGT por este asunto; o bien remitirla al decanato para su “correcto” reparto, que es el procedimiento habitual. Por ello, el Gobierno andaluz cree que las decisiones de la magistrada y de la Guardia Civil “suponen una constante vulneración de normas procesales”. “Tan juez natural es uno como otro”, responde en su escrito Anticorrupción.

Como segundo motivo, la fiscalía también rechaza el recurso de la Administración al considerar que no concreta “cómo o dónde” la instrucción de Alaya “le causa indefensión”. En su escrito, la Junta calificó la instrucción de la juez como “prospectiva” y “causa general”, por investigar “absolutamente todos los expedientes de 10 años [de la formación] y, más aún, los incoados en tiempo futuro y someterlos al juicio de la policía judicial y la Intervención General del Estado”. Todo ello con la intención de comprobar si de estos expedientes “puede derivarse la comisión de hechos delictivos”.

La petición formulada por la Junta fue apoyada por la defensa del exconsejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda, imputado en la causa. Como argumento, defiende que las resoluciones han sido dictadas “por un órgano judicial distinto de aquel al que le hubiere correspondido por normas de reparto”.