El fiscal pide cárcel para Torrijos por la venta de suelos de Mercasevilla

El ex primer teniente de alcalde está acusado por un delito de fraude y exenciones fiscales

Antonio Rodrigo Torrijos, en el centro, en los juzgados de Sevilla en 2011.
Antonio Rodrigo Torrijos, en el centro, en los juzgados de Sevilla en 2011. PACO PUENTES

La Fiscalía de Sevilla ha pedido dos años de prisión para el ex primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de la capital Antonio Rodrigo Torrijos (IU) por su presunta implicación en la venta “fraudulenta” de la sociedad pública de suelos de Mercasevilla. El ministerio público apoya la tesis de la juez Mercedes Alaya y acusa a Torrijos y a otras nueve personas de un delito de fraude y exenciones fiscales por haber amañado, supuestamente, dicho concurso público para favorecer a Sanma, filial de la constructora Sando. El fiscal pide también para el exportavoz de IU, quien dejó el cargo a finales del año pasado, ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público. Asimismo, reclama que se declare nulo el procedimiento.

En su escrito, la fiscalía acusa a 10 de los 16 procesados por la magistrada, quien concluyó en diciembre la fase de instrucción. Entre los acusados, se encuentran el ex director general de la lonja Fernando Mellet; el exconcejal del PSOE Gonzalo Crespo; y el exasesor del alcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) Domingo Castaño. Sin embargo, el ministerio público excluye, entre otros, a los anteriores gerentes municipales de Urbanismo Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán y al exsubdirector de Mercasevilla Daniel Ponce.

Esta rama del caso Mercasevilla se remonta a 2006. Según el ministerio público, Torrijos, Crespo, Mellet y Castaño acordaron la adjudicación directa de los terrenos de la lonja sevillana a la filial de Sando, que se haría cargo además de la reclamación económica (1,08 millones de euros) de Larena98 —antigua dueña de parte de estos suelos— por incumplimiento del contrato suscrito en 2003, informa Europa Press. Ante el rechazo a esta medida de varios miembros del consejo de administración de Mercasevilla, los imputados optaron por la adjudicación mediante concurso público. Según el fiscal, los acusados “garantizaron a los responsables” de Sando (también imputados) que serían los adjudicatarios y mantuvieron “desde esa fecha comunicación permanente sobre los términos del pliego y la valoración de cada cláusula, lo que permitió a Sando y a Sanma preparar con mucha antelación su oferta.

Para evitar que otra empresa se hiciera con los terrenos, tanto la fiscalía como Alaya defienden que en el pliego de condiciones incluyeron varias cláusulas “que tenían como fin favorecer” a la constructora malagueña —la magistrada incluso asegura que se creó una “maquinaria para conseguir un concurso a la medida de Sanma”—. Entre las cláusulas que se fijaron una hacía referencia a la “limitación al alza”, es decir, que se establecía un techo y se penalizaba “extrañamente” las ofertas superiores. Asimismo, se premiaba a aquellas empresas que, como Sando, tuvieran “algún derecho” sobre los terrenos de Mercasevilla.

Finalmente, al concurso se presentaron ocho empresas —cinco de ellas “merecedoras del calificativo de ofertas de relleno o de compromiso”, según la fiscalía— y lo ganó Sando por 106 millones de euros, pese a que otra constructora del grupo Noga ofreció 158 millones.

En su escrito, el ministerio público también reclama que se declare la nulidad del concurso y del contrato con opción a compra firmado entre Mercasevilla y la filial de Sando en febrero de 2006.

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Sobre la firma

Antonio J. Mora

Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS. Fue redactor en la delegación en Andalucía durante más de seis años y, actualmente, es portadista web. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Málaga y Máster de periodismo de EL PAÍS, también trabajó en Diario Sur e Infolocalia. En 2009, ganó el premio nacional Alma de Periodista.

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