Víctimas del 3 de marzo miran ahora a Estrasburgo

La Asociación de Víctimas del 3 de marzo, que ha encontrado en la justicia Argentina la atención que no recibe en España, estudia ahora la posibilidad de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo para denunciar una discriminación de trato con respecto a las víctimas del terrorismo.

Esta asociación, que pide verdad, justicia y reparación para los cinco trabajadores que murieron por disparos de la Policía durante una carga para disolver una asamblea de obreros en Vitoria en 1976, ha encontrado un halo de esperanza en la causa contra los crímenes del franquismo que ha abierto la magistrada argentina María Servini.

El portavoz de esta plataforma, Andoni Txasko, perdió parte de la visión de un ojo durante aquella refriega, que ocurrió en la transición española, con Manuel Fraga como ministro de Gobernación. Al día siguiente el cantautor catalán Lluís Llach escribió la canción Campanades a morts en homenaje a las víctimas.

Han pasado 38 años de aquellos sucesos y la ley estatal integral de reconocimiento de las víctimas del terrorismo no reconoce a quienes han sufrido "la violencia del Estado", denuncia. La posibilidad de que los responsables de aquellas muertes sean juzgados en otro país no es el sueño de reparación anhelado por la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo pero es un paso para que finalmente se haga justicia también en España.

Desde que la magistrada argentina ordenó la detención de 20 imputados por crímenes cometidos durante el régimen franquista y los primeros momentos de la transición española, el teléfono del portavoz de esta asociación no ha dejado de sonar.

Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales entre 1975 y 1976, les sigue dando trabajo, bromea Txasko, y recuerda que Servini ha encomendado a la Interpol que lo detenga con fines de extradición al ser considerado "responsable de la represión" del 3 de marzo.

La posibilidad de que los responsables sean juzgados en otro país es considerada un paso hacia que se haga justicia en España

Las peticiones de arresto también afectan a Alfonso Osorio, ministro de Presidencia de la época, y Jesús Quintana, capitán de la Policía cuando los agentes actuaron contra los trabajadores de Vitoria.

Sin embargo, en la Asociación de Víctimas del 3 de marzo se respira cierto grado de escepticismo sobre la posibilidad de ver en el banquillo a los responsables de aquellas muertes. Txasko baraja la hipótesis de que el Gobierno español o la Audiencia Nacional no acepten las peticiones de extradición.

Recuerda que hay un antecedente que le induce a pensar de esta forma. Hace un año la Audiencia Nacional no colaboró con la magistrada argentina en la extradición de Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño, y el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, capitán Muñecas, acusados de torturas.

La Audiencia Nacional podría volver a alegar que han prescrito los hechos porque no los considera delitos de genocidio ni de lesa humanidad, que no prescriben ni pueden ser amnistiados, sopesa. Sin embargo, advierte de que ahora la Audiencia Nacional lo va a tener más difícil porque no son casos aislados, "el procedimiento de reprimir todo aquello que se saliera de su doctrina se utilizó sistemáticamente", y entre los veinte imputados hay personas con cargos relevantes en aquellos momentos.

Tiene claro que si finalmente los tribunales de justicia españoles les sientan en el banquillo será por la presión social pero para ello "se tendría que movilizar la sociedad española y la clase política, que debería arrinconar al PP en su amparo y cobijo a la impunidad" del franquismo,  advierte.

Asegura que el hecho de haber podido declarar ante una jueza aunque no sea española ha supuesto "un alivio y una sensación de liberación". Por eso, en medio del escepticismo, ve la petición de extradición como "un paso importante" porque sólo eso ya va a servir para dar a conocer al mundo "la catadura democrática de este Gobierno, que sigue amparando los crímenes del franquismo".