Bizkaia valora en un millón el fraude por IVA en compras de Internet

La Hacienda foral de Bizkaia ha descubierto una importante bolsa de fraude asociada a la compra de electrodomésticos por Internet. Así lo desveló este martes el portavoz de la Diputación, Unai Rementeria, al dar cuenta de los acuerdos del consejo de gobierno que preside José Luis Bilbao.

Según la resolución, se trata de tres empresas vizcaínas a las que se les ha regularizado más de un millón de euros, además de ser denunciadas por la comisión de cuatro delitos contra la Hacienda Pública. Las tres empresas superaron los dos millones al año de facturación.

Como explican los responsables de la institución foral, se trata de una modalidad nueva surgida por el auge de la compra de productos por Internet que permite que el cliente consulte los productos a través de la página web, elija el producto que quiere y haga el pedido al empresario que se anuncia a través de este sistema. Por su parte, el empresario defraudador adquiere el producto a su proveedor comunitario y se lo entrega en pocos días al cliente que le ha hecho el pedido.

El fraude se produce porque, por la mecánica de funcionamiento del IVA, el empresario de Bizkaia no tiene que pagar a su proveedor comunitario el IVA, sino que lo tiene que ingresar en la Hacienda foral cuando vende a su cliente final, pero este ingreso no se produce.

En base a la investigación seguida, para consumar el fraude y no ingresar el IVA correspondiente, se han utilizado varias fórmulas. De los tres casos detectados, en uno de ellos el empresario simplemente no presentaba declaraciones de IVA. En los otros dos supuestos se pretendía aparentar que, en lugar de vender los electrodomésticos a clientes en Bizkaia, se enviaban a otros Estados de la Unión Europea lo que supone de hecho no repercutir el IVA al cliente comunitario. Las indagaciones realizadas por los inspectores de la Hacienda vizcaína han permitido probar que esos electrodomésticos se han vendido dentro del territorio.

Estas prácticas fraudulentas permitían a las empresas ofertar unos precios finales muy por debajo de los de otros operadores provocando una competencia desleal para el resto de comerciantes de electrodomésticos que cumplen sus obligaciones tributarias, según Diputación.