El escenario de la guerra entre la juez Alaya y la Junta
La instructora decidirá esta semana sobre el recurso del Gobierno andaluz
La guerra procesal abierta entre la Junta y la juez Mercedes Alaya tendrá previsiblemente un intenso recorrido, dado que está en juego la continuidad de la juez al frente de la macrocausa de la formación. Y en este nuevo escenario, ambas partes se juegan mucho, bastante más que el prestigio jurídico.
La juez tumbará previsiblemente en los próximos días el recurso presentado por la Junta ante ella para que se aparte de la macrocausa por vulnerar “normas procesales” tras el testimonio ofrecido por el testigo clave del caso, el funcionario Teodoro Montes, y crear una “causa general”. Y tras el rechazo de Alaya, las opciones de la Junta, que descarta recusar a la juez, son tres: interponer una querella por prevaricación judicial ante el Tribunal Superior de Justicia (la más arriesgada); recurrir ante la Audiencia de Sevilla el auto de Alaya (con dificultades procesales) o limitarse al recurso avanzado el lunes y no continuar con la batería de acciones judiciales. Esta opción es la más remota dado el desgaste que implica recurrir ante Alaya como parte acusadora, y sería extraño que todo quedara en un simple recurso que la instructora tumbará con su dureza habitual.
“Los pulsos jurídicos hay que echarlos para ganarlos, y si se trata de un Gobierno autónomo, más aún. La Junta no puede permitirse que esto sea un brindis al sol”, expone un abogado que censura la manera de instruir de Alaya.
El Ejecutivo podría querellarse ante el TSJA o recurrir en la Audiencia
La opción de querellarse contra la juez es la más extrema, pero fuentes del Ejecutivo no la descartan. En el recurso presentado ante Alaya por la Junta, la crítica a la juez por la ruptura de normas procesales, es severa. Pero de ahí a convertir la censura en querella por prevaricación judicial, hay un paso.
La clave de la prevaricación judicial es hallarse ante una actuación de un juez que no sea defendible desde el punto de vista jurídico, desde ninguna perspectiva. “Una posición equivocada no es prevaricadora”, recuerdan con cautela fuentes del caso. Por eso dar el salto, al margen de la excepcionalidad de una querella desde un Gobierno autónomo contra una juez de instrucción, es tan complejo.
Para la Junta la opción intermedia supone confiar en que sea posible recurrir ante la Audiencia tras el auto de rechazo de Alaya. Los juristas discrepan sobre esta posibilidad, dado que el Ejecutivo se basó en el artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para fundamentar su recurso y reclamar la nulidad de la instrucción de Alaya, y el artículo 241 aclara que “contra la resolución que resuelva el incidente no cabrá recurso alguno”. Sin embargo, fuentes del caso alegan que este artículo solo afecta a “resoluciones definitivas” y no “intermedias”, como la apertura de la causa por parte de Alaya, que es el corazón de la discrepancia. En cualquier caso, las decisiones previas de los superiores de Alaya respecto al respaldo ofrecido a la instructora no son un buen augurio para la Junta.
El Gobierno entrega a Alaya las actas de los ‘consejillos’
La Junta entregó ayer en el juzgado de Mercedes Alaya las actas de las reuniones de la comisión general de viceconsejeros —las denominadas consejillos—celebradas entre 2001 y 2012, tras reclamarlas en un reciente auto. A pesar de que se opuso al auto, el Gobierno lo hizo solo de manera formal porque Alaya aludía a que no tenía competencias en materia de empleo, y ayer entregó las actas en el juzgado después de haberlas publicado en Internet la noche antes.
"El Ejecutivo autonómico colabora siempre en tiempo y forma con las peticiones que se le hacen desde el ámbito judicial", dijo el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez. Sin embargo, las tensiones entre la Junta y Alaya por la entrega de documentación han sido constantes tanto en el caso ERE como en el de la formación, y las amenazas de Alaya ante los retrasos por el volumen de la documentación han sido constantes.
Sobre el recurso para que Alaya se aparte de la causa, Vázquez subrayó que se ha presentado porque "confiamos en la justicia y el Estado de Derecho".
La respuesta del PP a la acción procesal de la Junta se situó en el extremo opuesto. El portavoz de Infraestructuras popular, Jaime Raynaud, calificó la iniciativa de “ataque brutal” contra Alaya. El recurso responde a que la líder socialista “puede tener serios temores de lo que se pueda descubrir a medida” que avance la investigación, según Raynaud. De lo contrario “sería inexplicable” y no tendría “justificación”, añadió.
Tanto defensores como críticos de Alaya alaban su transparencia, y en uno de sus últimos autos, la juez avanzó sus intenciones sobre el alcance de la causa de formación, al asemejar el procedimiento utilizado para los cursos de formación con el empleado en los ERE. “Ausencia flagrante de procedimiento, control en la gestión o justificación, o por concentración de acciones formativas en manos de las mismas personas físicas o jurídicas”. El presupuesto destinado por el Gobierno a la formación para el empleo supera varias veces el de los ERE (855 millones).
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