Liechtenstein investiga a Jordi Pujol por blanqueo de capitales

Las sospechas sobre el presidente catalán Jordi Pujol desbordan ya las fronteras españolas. Un juez de Liechtenstein también investiga al expresidente catalán por un presunto delito de blanqueo de capitales. Así se desprende de un escrito elaborado por la Dirección General de Policía y enviado a la juez española que indaga el origen de la fortuna familiar. En el texto, Interpol España pide a la magistrada permiso para informar a las autoridades del principado sobre sus pesquisas, que afectan no solo a Pujol sino también a su esposa, Marta Ferrusola, y a los siete hijos de la pareja.

La policía precisa que la oficina de Interpol en Vaduz —capital de Liechtenstein— comunicó, por correo electrónico, la existencia de “un procedimiento penal abierto” por un órgano judicial de aquel país (la “Princely Court of Justice”), contra Pujol. El objeto de la investigación son las “sospechas de blanqueo” sobre una persona a la que, según el escrito, “se identifica como Jordi Pujol”. Aunque no se menciona el segundo apellido, Vaduz detalló que se trata de un hombre de nacionalidad española nacido el 9 de junio de 1930, la fecha en la que nació el expresidente catalán. “Se nos confirma, posteriormente”, sigue la policía española, "que se trataría de Jordi Pujol Soley".

El juez que instruye la causa de Liechtenstein, Michael Jehle, pidió a través de la organización policial internacional el “registro de antecedentes y condenas” de Pujol. Unos días más tarde, solicitó también ser informado sobre cualquier procedimiento que el expresidente de la Generalitat “tenga abierto en nuestro país”. Su objetivo es disponer de datos suficientes para “preparar una solicitud de comisión rogatoria” e impulsar la investigación.

El pasado septiembre, la policía de Liechtenstein envió a España datos relativos a una empresa vinculada al primogénito del expresidente, Jordi Pujol Ferrusola. Según publicó El Mundo, este fue administrador de la sociedad Brandtridge Establishment, disuelta el pasado marzo y con la que se financió una operación de Puerto Rosario (Argentina), una de sus actividades bajo sospecha.