Montes validó un curso en el que fue incluida su hija

El funcionario Teodoro Montes, testigo clave de la macrocausa sobre los cursos de formación que instruye la juez Mercedes Alaya,validó un curso en el que fue incluida su hija a pesar de no cumplir con los requisitos de selección, según pone de manifiesto un informe interno de la Consejería de Empleo. Con sus declaraciones ante la magistrada, Montes no solo ha puesto en jaque las pesquisas de Alaya sino también su labor como jefe del departamento de gestión de Formación Profesión en Sevilla.

Según el informe, Jara Montes, hija del funcionario, fue admitida en el curso Organización, gestión y función de laboratorio pese a no cumplir con el “perfil mínimo” exigido —contaba con un nivel de estudios FP2 cuando se requería una titulación universitaria—. Ello, pese a existir candidatos que sí cumplían con el baremo establecido, tal y como explicó una técnica del departamento de Formación Profesional. Ante estas irregularidades en el proceso de selección, Empleo pidió explicaciones a Laborotarios Torrecilla Fuentes, la empresa encargada de impartir el curso.

La entidad remitió un escrito en el que reconoce presiones de Javier León, técnico del departamento dirigido por Montes, quien le preguntó “insistentemente” si Jara estaba admitida. “Le dije que la había desestimado por no cumplir el perfil [...] Me informó de que Jara era hija de su jefe y que este le había preguntado cómo estaba este curso de solicitudes ya que lo veía interesante para su hija”, explica en una carta la responsable de Laboratorios Torrecilla Fuentes, Milagrosa Fuentes, quien reconoce que para admitir a la hija del funcionario tuvo que saltarse el programa informático de inscripción. “Si a Jara Montes había que incluirla, teníamos que ponerla que cumplía el perfil”, reconoce Fuentes en la carta.

En un informe posterior, León reconoce que en dicho curso se seleccionó “una alumna por error”, aunque “se constató posteriormente que tenía conocimientos previos relacionados con la especialidad”. Pese a ello, el técnico de seguimiento de FPO asegura que dicho error no perjudicó al resto de candidatos ya que, debido a las bajas de varios alumnos, se agotó la lista de reserva. Asimismo, León apunta que el curso contó con 38 solicitudes, de las que fueron rechazadas 19 por no cumplir los requisitos de acceso.

Las declaraciones de Montes ante Alaya también le han abierto varios frentes judiciales. La Fundación Pública Andaluza para la Integración de Personas con Enfermedad Mental (Faisem) le ha demandado por las “gravísimas” acusaciones vertidas. Sin ofrecer pruebas, Montes denunció que dicha entidad había maltratado a personas con problemas mentales que realizaron sus cursos. Faisem niega los hechos y ha demandado al jefe del departamento de gestión de Formación Profesión “por diversos delitos de injurias y/o calumnias”. Al paso dado por Faisem se sumó CC OO, que ha anunciado que también demandará al funcionario por acusar al sindicato de cobrar mordidas de hasta el 20% gracias a la subcontratación de los cursos.

El escrito de Faisem destaca que Montes aseguró ante Alaya que los alumnos de la fundación soportaban “condiciones inhumanas y extremas”. “Incluso, hizo referencia a una supuesta aplicación de fármacos o tranquilizantes para que quedaran dormidos y pudiera soportar esas condiciones”, según el documento.

Con esta demanda, la fundación espera que Montes se retracte. De no ser así, Faisem formulará una querella contra el funcionario y, “en compensación de los gravísimos daños”, pedirá una indemnización de 500.000 euros.